Si bien en su declaración el exintendente de Bañado de Ovanta confirmó sus publicaciones en la red social, no brindó pruebas sobre sus dichos, salvo su palabra. La declaración de extendió por 122 minutos.
Fuerte operativo en el ingreso y egreso de Guaraz al edificio judicial.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
6/2/2026 · 00:38 hs
Luego de las publicaciones que el exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, realizara el miércoles en su muro de la red social Facebook sobre el Gobierno y el asesinato de Juan Carlos Rojas, ayer fue citado a prestar declaración sobre estos ante el fiscal de la causa, Hugo Costilla.
Trasladado desde el penal de Miraflores donde pasó su primera noche de los 9 años de pena que debe cumplir por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, Guaraz llegó ante de las 8 de la mañana y permaneció en el edificio judicial casi hasta el mediodía.
En la audiencia de declaración estuvieron presentes el abogado querellante Iván Sarquís, el doctor Gabriel Díaz, quien asiste a la única imputada por el crimen Silvia Nieva, quien se encuentra en libertad desde hace tres años y el abogado de Guaraz, Oscar Quinteros Martínez.
Según explicaron voceros judiciales, básicamente Guaraz, quien declaró por exactamente dos horas y dos minutos, ratificó sus dichos y publicaciones en Facebook. Si bien fue consultado por las partes y el fiscal sobre sus manifestaciones, el condenado de abuso, pero testigo en la causa del crimen respondió describiéndose como una buena persona y los malos, sus sindicados, autoridades del Gobierno provincial.
Si bien en su declaración el exintendente no brindó pruebas sobre sus dichos salvo su palabra, la declaración se extendió por 122 minutos.
Traslado
Al arribo de Guaraz a la sede judicial, la policía montó un importante despliegue policial. Con una especie de “corralito” cerró virtualmente el tránsito vehicular y peatonal a la Fiscalía. Medida de seguridad que se extendió hasta el traslado del exintendente.
Cerca de las 11.50 arribó el móvil del Servicio Penitenciario a Fiscalía. Entre ocho y diez efectivos del grupo de choque del penal descendieron de la unidad portando escudos e ingresaron a la sala. Al cabo de unos minutos salieron y pasaron delante de las cámaras sin custodiar a nadie. Todo fue montado para distraer a la prensa, que desde horas tempranas estaba allí apostada. Guaraz fue en paralelo rápidamente “sacado” del edificio por la puerta lateral de la Fiscalía General. Sobre avenida Virgen del Valle, lo aguardaba una camioneta sin identificación en la que fue cargado y llevado a la Brigada de Investigaciones y posteriormente al penal de Miraflores.
¿Protección?
La farsa montada por la policía de la provincia y el personal del Servicio Penitenciario Provincial dejo sobrevolando lo manifestado por los familiares y hasta por el propio Guaraz de que la “Justicia protege al poder político, al gobierno de turno”.
Esto es en razón al procedimiento que llevó a cabo la policía bajo las directivas del fiscal Hugo Costilla, desde el trasladado a la Fiscalía a una hora poco habitual a la que están acostumbrados a realizar los traslados desde el penal como la pantomima que pusieron en escena cuando supuestamente fueron a buscarlo y luego salieron sin él.
La Justicia buscó y logró evitar de la manera que fuera posible que el exintendente pudiera tener contacto con la prensa, buscando así impedir que el condenado haga declaraciones públicas sobre los posteos que vinculan al Gobierno con el supuesto encubrimiento del crimen del ministro Juan Carlos Rojas, expediente que sigue sumando más y más fojas. Ni que hable tampoco sobre lo declarado ante el fiscal Costilla.
Ramón Elpidio Guaraz es conocido no solo por su mandato como intendente en Bañado de Ovanta, sino también por hablar con la prensa y responder a cuantas preguntas le realicen, lo que quedó demostrado durante el juicio por el que hoy cumple la condena. Esto no es ajeno a la Justicia, que usando a sus auxiliares, la policía y el personal del penal, impidió que Guaraz repita en los medios lo que posteo en sus redes.
¿Y ahora?
Tras la toma de la declaración el fiscal, que ordenó retirar a Guaraz de la Fiscalía por una puerta lateral, deberá resolver si avanza en la investigación con los dichos del ex jefe comunal quien si bien los ratificó en su totalidad no aportó ninguna prueba.
Al declarar como testigo Guaraz no debe aportar prueba alguna, sino que es el fiscal quien debe reunirlas y en razón de sus dichos corroborarlos y verificar si mantiene algún tipo de relación con otros elementos ya existentes en el expediente que reafirmen o descarten los dichos del exintendente.
Según comentaron voceros judiciales durante la declaración, las partes le pidieron precisiones sobre algunos de sus dichos como circunstancias de tiempo, modo y lugar, respondiendo Guaraz “parcialmente”.
