El concejal Cristian Perea impulsó una ordenanza para ampliar derechos y garantizar acceso a alimentos y controles. El proyecto ya se analiza en comisión.

POLÍTICA
Por Redacción El Esquiu
24/4/2026 · 09:52 hs
Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de la Capital busca que la celiaquía sea reconocida como una condición generadora de discapacidad, con el objetivo de ampliar derechos y mejorar las condiciones de acceso a alimentos y servicios para quienes la padecen. La iniciativa fue impulsada por el concejal Christian Perea Ansinelli, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y ya comenzó a ser tratada en comisión.
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En diálogo con La Mañana de El Esquiú(Radio El Esquiú 95.3), el edil explicó que la propuesta se basa en el enfoque establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada al derecho argentino mediante la Ley 26.378. “La discapacidad no se define únicamente por la existencia de una patología, sino por la interacción entre personas con deficiencias a largo plazo y barreras sociales”, sostuvo.
En ese sentido, el proyecto plantea que las personas con celiaquía enfrentan obstáculos que limitan su participación plena en la vida social. Perea mencionó dificultades en el acceso a alimentos seguros en locales gastronómicos y eventos públicos, así como diferencias de precios que afectan especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Según indicó, estudios muestran que los productos aptos para celíacos pueden costar entre un 30% y un 90% más que los convencionales.
La iniciativa también propone medidas concretas a nivel municipal. Entre ellas, garantizar que en eventos culturales, deportivos o recreativos organizados o auspiciados por el municipio exista una oferta alimentaria apta para personas celíacas. Además, contempla la creación de un Observatorio Municipal de Celiaquía, destinado a relevar información sobre acceso a alimentos, precios y condiciones de vida de este sector.
“El municipio es el órgano más cercano a la comunidad”, afirmó Perea, al plantear que la implementación de políticas públicas locales puede contribuir a reducir las barreras económicas y sociales que enfrentan estas personas.
El proyecto fue remitido a la Secretaría de Salud para su análisis técnico y se espera un informe sobre su factibilidad en las próximas semanas. Mientras tanto, el debate abre la discusión sobre el rol del Estado municipal en la promoción de condiciones de igualdad y accesibilidad para personas con necesidades alimentarias específicas.











