jueves, 15 de mayo de 202500:29
Está claro que las obras sociales provinciales enfrentan una creciente dificultad para cubrir las prestaciones de salud debido a la insuficiencia de sus recursos frente a la inflación y los costos en salud. Aunque operan bajo el marco del Programa Médico Obligatorio (PMO), no están obligadas a cumplir con todas las normativas nacionales y carecen de mecanismos de compensación. Los gobiernos provinciales hacen día a día frente a esta situación, y no de mala manera, ya que con cuentas ajustadas o incluso en rojo, el sistema no ha colapsado. Puede tener fallas, pero funciona. Aunque eso tiene un costo, que en cierto porcentaje se traslada a la masa de afiliados, generando lógicos descontentos porque cada trabajador enfrenta a su vez sus propias dificultades económicas hogareñas.
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Las Provincias, individualmente, organizaron oportunamente la atención de sus empleados activos o pasivos de los tres poderes del Estado Provincial y de algunas entidades por adhesión, con el formato de Obras Sociales, y a través de leyes especiales y dependen de la política de cada estado provincial. Se financian con aportes y contribuciones compulsivas, y variables según la jurisdicción. Cuando uno toma la totalidad del Seguro Social obligatorio, se encuentra con que las Obras Sociales Provinciales cubren al 25% del total de ese conjunto, un poco más de 7 millones de habitantes. Las 24 obras sociales provinciales se agrupan en el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra), que a su vez está dividido en cinco regiones, y el panorama es complejo para todos. Las Obras Sociales en conjunto y por supuesto también las Provinciales soportan año a año mayor dificultad para cubrir las prestaciones a las que están obligadas. Sus ingresos dependen de un porcentaje de los aportes y contribuciones de los salarios, que claramente han perdido frente a la inflación. Y al reclamo de afiliados se suman los de prestadores, proveedores y profesionales.
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En algunos distritos, como Mendoza, las provincias buscan un mayor aporte de las municipalidades. En otros se exige más a los afiliados. Como sea, la realidad marca que es imperativo subir la recaudación. Y aunque sobresale en estos días, el financiamiento no es el único dilema a resolver: la atención de la salud pública es responsabilidad del Estado, y si la obra social falla, repercute en el sistema asistencial público, que sostiene el mismo Estado. Contemplado así, el problema exige una revisión seria y la búsqueda de salidas concretas. Porque no hay señales de que la economía vaya a florecer a corto plazo, como para esperar soluciones mágicas.
El Esquiú.com
