El abogado Roberto Casorla Yalet asumió como patrocinante de Lucrecia, la joven víctima.
5/11/2026 · 00:15 hs
Tras completar el trámite de matriculación ante el Colegio de Abogados de Catamarca para asumir la representación de la familia como parte querellante, el abogado Roberto Casorla Yalet, patrocinante de la jovencita hostigada en el Colegio Pía Didoménico, brindó una conferencia de prensa en la que fijó la teoría del caso: “No fue bullying, Lucrecia fue víctima de un plan criminal”, sentenció el letrado.
Con un fuerte llamado a determinar las cadenas de responsabilidades penales e institucionales, el abogado remarcó que los hechos no deben minimizarse bajo la figura de “acoso escolar” (bullying), sino investigarse como delitos graves que derivaron en un severo cuadro de afectación psíquica y física de la menor.
Durante su diálogo con los medios locales, el representante legal subrayó que la causa no persigue un revanchismo social ni el encarcelamiento indiscriminado de jóvenes, sino “equilibrio, paz social y justicia”, dejando en claro que se avanzará contra todo aquel que haya colaborado u obstaculizado el esclarecimiento del hecho.
El letrado fue enfático al diferenciar los términos mediáticos de las figuras tipificadas en el Código Penal argentino: “La palabra bullying no existe en el Código Penal. Existen figuras concretas como amenazas, coacción, hostigamiento y lesiones. En este caso puntual, la vulneración del teléfono de Lucrecia y la sustracción de representaciones íntimas encuadran en el artículo 128 del Código Penal, configurando el inicio de un plan criminal deliberado que culminó con el daño que hoy sufre”, afirmó.
Sostuvo, además, que el quiebre en la vida de la adolescente se desató a partir del 15 de abril, cuando personas de su entorno vulneraron la seguridad de su dispositivo móvil (teléfono celular). “Nadie está autorizado a invadir la intimidad de un teléfono y menos aún cuando se trata de una menor de edad. Asistimos a una continuidad delictiva que comenzó con la difusión de contenidos íntimos y escaló hacia el hostigamiento sistemático”, puntualizó.
Durante la entrevista, remarcó también que los hechos ocurridos en distintos ámbitos —incluidos los episodios registrados durante el viaje a Bariloche y las imágenes viralizadas (como el denominado clown selfie)— forman parte de una misma línea directriz destinada a lesionar la integridad de la joven.
Uno de los ejes más contundentes de la conferencia estuvo dirigido hacia la institución educativa a la que asistía la adolescente. En ese sentido, el querellante cuestionó la inacción del establecimiento ante situaciones de hostigamiento que resultaban “ostensiblemente visibles”, señalando que debieron activarse de inmediato los protocolos del Observatorio de Violencia Escolar.
“Nuestro objetivo es ponerle nombres a la cadena de responsables y marcar una distancia definitiva con un centro educativo que no pudo contener ni tolerar la situación, y que terminó apartando y expulsando a la menor que fue víctima de un delito”, sentenció.
Cabe destacar que, al ser consultado sobre el presente de la adolescente, el letrado compartió detalles sobre el encuentro que mantuvo con ella y su padre, Rodrigo, tras arribar a la provincia.
Confirmó que Lucrecia se encuentra recluida en su hogar, bajo estricto tratamiento psiquiátrico y farmacológico con antidepresivos (sertralina) para contrarrestar el impacto del daño emocional padecido.
Respecto a las movilizaciones convocadas por la comunidad y las sanciones gubernamentales que dispusieron el retiro provisorio de subsidios a la institución, tanto el abogado como el padre de la joven valoraron el acompañamiento de la ciudadanía en las calles y la intervención estatal, aunque insistieron en la necesidad de que los resortes institucionales actúen de manera preventiva y temprana para evitar que otros adolescentes atraviesen situaciones similares.
