Cinco son del oficialismo y uno es de la oposición. Proponen desde plazos y sanciones a escuelas hasta programas de prevención, equipos interdisciplinarios y adherir a la Ley Olimpia.
5/11/2026 · 00:23 hs
Tras el caso de bullying en el Colegio Pía Didoménico que tuvo repercusión nacional, en la Cámara de Diputados ya se presentaron seis proyectos de ley con los que se apunta a reforzar la respuesta del sistema educativo ante el acoso y la violencia digital entre estudiantes. De las iniciativas, cinco son de legisladores oficialistas del Frente de Todos (Juan Carlos Ledesma, Stella Nieva, que firma dos, Jorge Exequiel Moreno y Eduardo Andrada) y uno del opositor Fernando Baigorrí (MID). Por lo pronto, algunos comenzaron a analizarse en Comisión y ya se habla de un proyecto unificado.
Las seis iniciativas difieren en el enfoque: mientras Moreno y Baigorrí ponen el acento en los plazos, el control y las sanciones, los de Ledesma, Nieva y Andrada priorizan la formación y la asistencia. También se separan en la mediación, ya que Andrada la incluye entre las herramientas de resolución de conflictos, mientras que Moreno y Baigorrí la limitan para evitar que genere intimidación o revictimización.
De los presentados tras el caso Pía, el más detallado es del oficialista Moreno, que propone un régimen provincial de prevención, protección inmediata y seguimiento frente a la violencia y el acoso escolar, presencial y digital, y que de aprobarse se conocería como “Ley Lucrecia”. Su objetivo central es que toda situación comunicada en una escuela reciba una respuesta inmediata, con un responsable identificado, plazos ciertos y seguimiento documentado. Además, obliga a la dirección a registrar y comunicar los hechos dentro de las 24 horas, a convocar al Consejo para la prevención de conflictos y violencia escolar y a elaborar en cinco días hábiles un plan individual de protección que se revisa a los 30, 60 y 90 días.
Si la dirección omite actuar, interviene directamente la supervisión. La protección, aclara, no requiere acreditar conductas reiteradas, ni una denuncia penal, ni una resolución judicial. Además, crea la “Alerta Lucrecia”, un mecanismo provincial de recepción y seguimiento de comunicaciones, que admite denuncias anónimas y se deriva a la dirección y a la supervisión en 24 horas.
El proyecto también regula la protección de la víctima y los derechos del estudiante señalado. Prohíbe los careos, las mediaciones forzadas y las disculpas públicas impuestas, y establece que la persona afectada no puede ser obligada ni inducida a cambiar de curso o de escuela. El estudiante señalado debe ser oído en tres días hábiles, con asistencia letrada si la pide, y puede solicitar la revisión de las medidas. En responsabilidad, descarta sancionar a las familias por los actos de sus hijos, pero prevé multas para progenitores y estudiantes mayores de edad que instiguen, organicen o ejecuten hostigamiento, aun fuera de la escuela o por medios digitales, y sanciones a los colegios privados que incumplan, que pueden llegar a la inhabilitación. El 70% de las multas iría a la persona afectada.
Por su parte, Baigorrí apunta a una norma que ya existe. Modifica la Ley 5402 del 2014 para incorporar el ciberbullying y la violencia digital, y establece que las situaciones graves deben recibir intervención institucional aun sin la reiteración que caracteriza al bullying. Las escuelas tendrían que adoptar medidas inmediatas de protección, comunicar a la supervisión en 24 horas los hechos graves, documentar lo actuado y prevenir represalias. Garantiza asistencia psicológica e interdisciplinaria para quienes sufren las agresiones y también para quienes las ejercen, con intervenciones diferenciadas, y obliga a actualizar el protocolo vigente para contemplar el ciberbullying y la difusión de imágenes íntimas.
Prevé además sanciones disciplinarias para docentes y directivos que toleren, oculten denuncias, den información falsa u obstaculicen las medidas de protección, con derecho de defensa, y habilita a estudiantes y familias a denunciar ante la supervisión la falta de intervención de la escuela.
Otros tres proyectos ponen el foco en la violencia digital y la difusión de contenido íntimo, que según el relato de la familia de la víctima fue el origen del caso. Ledesma propone crear un programa provincial de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos, para escuelas estatales y privadas de todos los niveles. Nieva, por su parte, propone crear el “Programa Ema, por la ley que lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente bonaerense víctima de la difusión no consentida de imágenes íntimas y cuyo caso demostró que el sistema educativo y las familias no tenían protocolos. Su otra iniciativa propone adherir a la Ley Olimpia, norma nacional que incorpora la violencia digital a la ley de protección integral de las mujeres.
El sexto proyecto, de Andrada, propone un programa de prevención y asistencia a víctimas de bullying para escuelas primarias y secundarias estatales y privadas. Su eje es un equipo interdisciplinario escolar móvil, integrado por profesionales de psicología, psiquiatría, medicina clínica, sociología, mediación y trabajo social, que atendería a niños y adolescentes, capacitaría a docentes y autoridades e intervendría en las instituciones ante hechos de acoso. Incluye talleres para estudiantes sobre resolución de conflictos mediante el diálogo, igualdad y no discriminación, y campañas dirigidas a las familias.
