El Ministerio de Economía no ha distribuido los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles, lo que habría permitido que las provincias recibieran más de $784.000 millones para obras viales en el primer semestre del año.
Según un estudio de la consultora Galois, se estima que Buenos Aires habría recibido $166.359 millones, mientras que Santa Fe y Córdoba recibirían $67.704 millones y $67.266 millones, respectivamente. Este análisis se basa en la distribución equitativa del 35,44% del impuesto a los combustibles líquidos, que actualmente se destina a fondos fiduciarios y compensaciones.
El total de la recaudación acumulada por este impuesto entre enero y julio asciende a $3.839.125 millones. Tras descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, el monto a distribuir sería de $1.334.735 millones. Si se aplicara el régimen de coparticipación, las 24 jurisdicciones del país recibirían juntos $784.290 millones.
Este ejercicio ha puesto de manifiesto la problemática que enfrentan los gobernadores, quienes han solicitado la conversión de recursos administrativos en transferencias directas a sus provincias. Sin embargo, el Ministerio de Economía ha optado por retener estos fondos para inversiones financieras, lo que ha generado tensiones en la relación entre la Nación y las provincias.
Entre las provincias que recibirían mayores montos se encuentran Chaco con $37.792 millones, Entre Ríos con $36.989 millones, y Tucumán, que recibiría $36.041 millones. En el análisis también se detallan los montos que corresponderían a otras provincias, evidenciando la necesidad de una reestructuración en la distribución de estos fondos.
El debate sobre la distribución de estos recursos ha resurgido, especialmente en torno al componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, donde más de $1 billón de recursos se encuentran actualmente en inversiones financieras. Los gobernadores han manifestado su preocupación por el deterioro de las rutas nacionales, exigiendo que se reinvierta en mantenimiento y obras.
Este conflicto no es nuevo, ya que en 2025 se presentó un proyecto de ley que buscaba modificar la distribución de estos fondos, pero no logró obtener la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados. A medida que la situación avanza, los actores políticos continúan debatiendo sobre la mejor forma de manejar los recursos destinados a la infraestructura vial del país.
Fuente: La Nación
