La decisión del fiscal general subrogante Juan Carlos Paulucci, integrante del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impedir que se restituya la pensión de privilegio a Cristina Kirchner vuelve a destacar un cariz moral, político y, a esta altura de los hechos, legalmente inequívoco: resulta inaceptable que el Estado pague jubilaciones y asignaciones vitalicias a quienes lo han saqueado. Esos beneficios fueron concebidos precisamente para honrar la función pública, no para abastecer económicamente a dirigentes condenados por corrupción, con sentencias firmes y de cumplimiento efectivo.
El fiscal pidió que el más alto tribunal del país declare inadmisible el rechazo a un recurso extraordinario para que intervenga la Corte, dispuesto por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini, de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, por lo que la Anses deberá restablecer provisionalmente el pago de la pensión que la expresidenta percibía como viuda de Néstor Kirchner.
La cuestión excede largamente una discusión técnica. Resulta inaceptable que una persona condenada por corrupción pretenda seguir cobrando una asignación financiada por los contribuyentes justamente en razón de la investidura pública que deshonró.
La justa resolución por la que se suspendió dicho pago fue firmada en 2024 por Mariano de los Heros, entonces titular de la Anses, quien apuntó precisamente a esa incompatibilidad elemental, ya que quien comete delitos en ejercicio de la función pública pierde legitimidad moral y jurídica para conservar un privilegio derivado del propio cargo desempeñado.
Sin embargo, la Sala III de la Cámara previsional entendió que debía prevalecer el “carácter alimentario” del beneficio y la supuesta situación de desprotección de la expresidenta. El argumento resulta, cuanto menos, improcedente. No se está discutiendo aquí el acceso a un haber mínimo de parte de una jubilada vulnerable, sino la restitución de una prestación varias veces millonaria a una dirigente política presa, con abultado patrimonio, poder e influencia. Equiparar esa situación con la de millones de jubilados que perciben un ingreso que hoy apenas supera los 400.000 pesos constituye una distorsión difícil de justificar. La última pensión que cobró la expresidenta en su carácter de viuda de Néstor Kirchner fue de 12,5 millones de pesos netos a fines de 2024.
Las denominadas jubilaciones de privilegio nacieron bajo la idea de garantizar una vejez digna a quienes habían ejercido altas responsabilidades institucionales, pero el tiempo terminó deformando ese espíritu hasta convertirlo en un mecanismo corporativo, desconectado de cualquier criterio razonable de equidad contributiva. Mientras millones de trabajadores aportan durante décadas, una pequeña élite accede a ingresos extraordinarios por el solo hecho de haber ocupado cargos relevantes.
El caso de Cristina Kirchner es particularmente provocador porque durante años percibió simultáneamente dos beneficios: uno como expresidenta y otro como viuda de un exmandatario. Ello ocurrió pese a que la propia normativa establece incompatibilidades para el cobro concurrente de prestaciones.
Esa fue la interpretación que se hizo prevalecer durante el gobierno de Mauricio Macri. Mediante un decreto se la intimó a optar por uno de los beneficios, por lo que quedaba anulado el segundo cobro.
En 2021, la decisión administrativa de la entonces titular de la Anses, Fernanda Raverta, dirigente identificada con La Cámpora, de reponer la doble asignación volvió a consolidar un privilegio cuya legitimidad ya estaba severamente cuestionada.
También el exvicepresidente Amado Boudou, condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone, reclamó judicialmente la restitución de su asignación vitalicia. El pésimo mensaje institucional que transmiten estas disputas, incluso estando condenados los reclamantes, es que el sistema político y judicial sigue ofreciendo resquicios para preservar beneficios tan extraordinarios como inaceptables. Un dislate, agravado todavía más por darse en el contexto de un país donde el debate previsional suele centrarse en la falta de recursos del sistema. Se exige austeridad al conjunto de la sociedad mientras subsisten mecanismos de excepción que garantizan ingresos multimillonarios a exfuncionarios.
Conviene recordar en este contexto el ejemplo de Elpidio González. El exvicepresidente radical, empobrecido tras su paso por la función pública, rechazó la pensión especial que el Congreso quiso otorgarle en la década de 1930. “Confío en que, Dios mediante, he de poder sobrellevar la vida con mi trabajo”, se justificó. Aquella actitud expresaba una concepción del servicio público como honor y responsabilidad, no como fuente perpetua de canonjías.
La Argentina actual está cada vez más alejada de aquella idea. El debate ya no debería limitarse a si corresponde o no que Cristina Kirchner o Amado Boudou accedan a esas asignaciones. Como ya hemos dicho en este espacio editorial, la discusión de fondo es si estas jubilaciones de privilegio deben seguir existiendo.
El Congreso tiene pendiente una reforma imprescindible. Las asignaciones vitalicias para expresidentes y vicepresidentes deberían ser derogadas o, como mínimo, quedar estrictamente condicionadas a parámetros de transparencia, incompatibilidad y conducta ética. Ningún funcionario condenado por delitos contra la administración pública debería conservar beneficios extraordinarios financiados por la sociedad a la que perjudicó. No hay argumento jurídico ni moral capaz de explicar por qué quienes dañaron al Estado deben seguir siendo premiados por él.
Fuente: La Nación
