La defensa, ejercida por los abogados Jorge Bracamonte y Gabriel Quiroga, solicitó la libertad de madre e hijo.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
6/5/2026 · 01:13 hs
Durante la mañana de ayer, el tribunal de la Sala Penal de la Corte de Justicia llevó adelante la audiencia de agravios solicitada por los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, quienes básicamente solicitaron “la absolución de sus defendidos”, Jorge Roberto “Castruli” Castro, condenado a 10 años de prisión, y Mónica Beatriz Murúa, a 5 años y 6 meses, por el crimen de Miguel Ángel “Látigo” Ferreyra.
El hecho ocurrió en septiembre del año 2023 en la localidad de El Bañado, departamento Valle Viejo.
Con la presencia de los condenados, que fueron trasladados desde las respectivas unidades carcelarias en el salón San Martín, los jueces del tribunal, Fernanda Rosales Andreotti, Rita Saldaño y el Dr. Hernán Martel, abrieron la audiencia y escucharon en primer término a los defensores.
En apretada síntesis, los letrados manifestaron: “En el caso de Castro, el veredicto de culpabilidad fue arbitrario. Hubo un apartamiento flagrante de la prueba y la violación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Nación”.
Al referirse al jurado que lo declaró culpable, el abogado expresó: “El jurado prescindió de la opinión técnica unánime de cinco profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense”.
En un párrafo aparte, se refirieron a la situación de la coimputada, Mónica Murúa, madre de Castro, señalando sobre la declaración de culpabilidad de esta como partícipe secundaria que “el veredicto carece de racionalidad y certeza”, solicitando, en definitiva, que se “declare la nulidad del veredicto emitido por el jurado popular y se disponga la absolución de sus defendidos”.
Luego fue el turno del fiscal de cámara, Dr. Augusto Barros, quien solicitó que se confirme la sentencia dictada en diciembre del 2025 por el juez Silvio Martoccia tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular.
En sus dichos, el representante del Ministerio Público recurrió a la Organización Mundial de la Salud para argumentar que “el diagnóstico de Castro le otorga un grado moderado de discapacidad intelectual y que, durante el debate, se puso a disposición del jurado las pericias y los testimonios de los peritos sin prescindir de ellos en ningún momento, porque no había nada para esconder”.
Aseveró también: “No hay agravio de la defensa para responder, solo la imaginación en la que se representan que, con otro jurado, la decisión podría haber sido diferente, solo están disconformes con el veredicto”.
Por último, tomo la palabra el abogado querellante Sebastián Ibáñez, quien se adhirió a lo manifestado por el fiscal y agregó: “Lo que le da calidad al veredicto del tribunal es la razón inmotivada”.
