Por Redacción El Esquiu
La diputada Mónica Zalazar, defendió el proyecto de ley de emergencia económica. “Con este proyecto se busca establecer medidas de carácter transitorio y de manera excepcional hasta fines del año con una prórroga alternativa por cinco meses más, no se vulnera al trabajador, sus derechos adquiridos”, fundamentó.
En el marco del debate, la diputada manifestó que este proyecto de ley busca generar certeza, gobernabilidad y previsibilidad de los hechos. Teniendo en cuenta el carácter de excepcional y transitorio de la emergencia imponen a las autoridades la adopción de medidas necesarias para superarlas.
“El desafío y la fortaleza de un Gobierno consiste en superar la emergencia cuando una perturbación económica, social, o política representa un peligro. En consecuencia, el Estado democrático tiene la potestad de poner en vigencia este derecho excepcional. Hay cientos de antecedentes doctrinarios en el país. Existe consenso en señalar que el estado de emergencia constituye una especie del género de estado de necesidad. Con este proyecto se busca establecer medidas de carácter transitorio y de manera excepcional hasta fines del año con una prórroga alternativa por cinco meses más, no se vulnera al trabajador, sus derechos adquiridos, no hay recortes de sueldos, congelamiento ni poda de los mismos”, remarcó la diputada.
A su vez, recordó que el año 1999 se dictó la emergencia en la provincia y fue de orden público, “sin cuestionamientos, e incluyó poda y recorte de haberes. Este es un proyecto completamente distinto”. “Este proyecto busca la creación de una Comisión de Seguimiento para que participen activamente las partes intervinientes”, mencionó.
Luego adentrándose en profundidad a los que expresa el proyecto reflejó: “En cuanto a gastos de personal no se podrán realizar más contratación y nombramientos exceptuando los celebrados en salud, educación y seguridad por razones de estricta necesidad. En educación se busca implementar medidas para eficientizar los recursos educativos priorizando la conservación de puestos laborales. También, contempla un régimen de retiro voluntario. En materia judicial, establece la suspensión de ejecución de sentencia, que cabe aclarar, es un impase donde están exceptuados los procesos judiciales de amparo en materia de salud y percepción de obligaciones alimentarias”.
En esa misma línea, detalló parte del articulado que reza lo siguiente:
En el capítulo 7, mientras dura el estado de emergencia se afectarán recursos provinciales para seguir con obras nacionales iniciadas por las cuales no se reciben fondos, priorizando las iniciadas como viviendas, escuelas, hospitales y rutas provinciales. Con esta ley quedan suspendidas las nuevas contrataciones de locación salvo las vigentes.
En el capítulo 9 se los invita a los municipios nuevamente que adhieran al régimen provincial de responsabilidad fiscal. Se garantiza la asistencia por razones de desastres naturales, emergencias agropecuarias y climáticas. “Hay que aclarar que no se busca atribuir la suma de facultades al Ejecutivo, simplemente tiene el fin de no desamparar a nadie, de continuar con las actividades de prevención y mitigación sanitaria”, subrayó.
Para cerrar, Zalazar enfatizó que “uno de los principales problemas que nos aqueja es el recorte del Gobierno Nacional a la provincia que solo en el primer trimestre significó un 23% en relación al 2023. Hubo una caída real del 87% en obras públicas, un 39% en subsidio a transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recortes a universidades y un 13% a programas sociales. El ajuste cae sobre los sectores vulnerables y las provincias. En cuanto a transferencias automáticas la provincia perdió un 40% de los recursos en el primer trimestre del año, cuando la inflación interanual a marzo fue del 290% y algunos dicen que el salario le va ganando a la inflación. Hay que dar previsibilidad al Ejecutivo”.
