El fiscal de Instrucción N° 6 del Distrito Oeste, Facundo Barros Jorrat, dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra Diego Antonio Carrizo (40), imputado por el delito de “crueldad animal”.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 18 de febrero de 2026 por el Director de Recursos Forestales, Suelo y Diversidad, quien informó haber tomado conocimiento, a través de redes sociales, de la existencia de un video en el que se observaba a varias personas y perros atacando a un puma.
En la denuncia se indicó que, en las imágenes se advertía que uno de los hombres pateaba al animal y ejercía tracción sobre un lazo colocado alrededor de su cabeza, mientras los perros lo atacaban. En la secuencia final, el puma era arrastrado mediante el lazo, por lo que se presumía que había muerto.
En el marco de la investigacion se incorporaron, entre otros elementos, la denuncia y su ampliación, un acta de procedimiento, la visualización del registro audiovisual, declaraciones testimoniales, informes sobre antecedentes judiciales y un informe socioambiental elaborado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense.
También se agregaron las actuaciones administrativas realizadas por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia con motivo del hecho, las cuales fueron remitidas junto con sus copias certificadas.
La Fiscalía sostuvo que la prueba reunida permitió individualizar al imputado como la persona que habría intervenido directamente en la secuencia. Asimismo, valoró que Carrizo reconoció haber dado muerte al
animal y justificó su accionar en los supuestos daños que el puma ocasionaba a su producción.
Al fundamentar el requerimiento, el fiscal consideró que los actos registrados constituyeron una forma de violencia innecesaria contra el animal y excedieron cualquier supuesto de defensa o manejo razonable de
la fauna silvestre.
Asimismo, señaló que la Ley Nacional N° 14.346 protege a los animales frente a actos de maltrato y crueldad, mientras que la Ley Provincial N° 4.855 y su decreto reglamentario establecen la protección de la fauna
silvestre.
De acuerdo con la acusación, el hecho habría ocurrido durante febrero de 2026, antes del día 18, en la zona serrana conocida como Casa de Piedra, ubicada en la localidad de Las Piedras Blancas, departamento Ambato.
La Fiscalía sostiene que Carrizo habría intervenido directamente en la captura de un puma, especie silvestre autóctona protegida por la normativa vigente, mediante la utilización de un lazo y con la participación de cuatro perros.
Según la investigación, una vez que el animal se encontraba inmovilizado y sin posibilidad de defenderse, el imputado habría colocado el lazo en su cavidad bucal, ejercido tracción sobre esa zona, propinado una patada y
arrastrado reiteradamente al felino sobre el suelo pedregoso.
También habría alentado y permitido que los perros mordieran al puma en distintas partes del cuerpo, prolongando su padecimiento hasta ocasionarle la muerte.
