Uruguay aprobó ayer la ley de “Muerte Digna”, convirtiéndose en el primer país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia. La norma permite la asistencia para morir a adultos con enfermedades terminales o sufrimientos insoportables.
jueves, 16 de octubre de 202507:40
El Senado uruguayo aprobó, este miércoles, por amplia mayoría la ley de “Muerte Digna”, un proyecto impulsado por el oficialista Frente Amplio, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. La norma fue respaldada por 20 de los 31 senadores presentes, tras más de diez horas de debate.
Con esta decisión, Uruguay se suma a un reducido grupo de países que permiten la muerte asistida, entre ellos Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España. En América Latina, solo Colombia y Ecuador la habían despenalizado, pero mediante fallos judiciales.
¿Qué establece la ley?
La ley establece que podrán solicitar la eutanasia las personas mayores de edad, residentes en el país, psíquicamente aptas y en etapa terminal de una enfermedad incurable o que cause sufrimientos insoportables. El proceso contempla la intervención de médicos evaluadores, una junta médica y la posibilidad de que el paciente se arrepienta en cualquier momento.
“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, cita el texto.
Los procedimientos se considerarán muertes naturales y podrán realizarse en centros públicos, mutualistas y hospitales estatales, pero no en clínicas privadas.
Para el oficialista Daniel Borbonet: “Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Muy debatido en diputados, con una comunicación muy directa con senadoras y senadores se llegó a este proyecto. Se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes, se deposita confianza en los profesionales médicos y en los equipos de salud. Se ha respetado la voluntad individual”, explicó.
Asimismo, hizo hincapié en que el proyecto no obliga a nadie, sino que es una alternativa. “Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe penalizar a nadie”, enfatizó.
Mientras que Florencia Salgueiro, de la agrupación Empatía, señaló que la norma “respeta la voluntad del adulto de poner fin a su sufrimiento”. En contraste, la Iglesia Católica expresó su “tristeza” por la aprobación y diversas organizaciones calificaron el texto como “deficiente y peligroso”.
Ahora el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo que no exceda los 180 días desde su promulgación. Asimismo, la norma indica que desde la reglamentación correrá un plazo que no puede superar los 90 días para que quede conformada la Comisión Honoraria de Revisión que “será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia”.
Dicha comisión “estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo” del país y elaborará un informe anual que remitirá a esa cartera y a la Asamblea General.
