Una mujer fue imputada por impedir durante años el contacto de su hija con su padre

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9/10/2026 · 00:30 hs

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De acuerdo con la acusación, la situación se habría producido entre 2018 y 2026.
De acuerdo con la acusación, la situación se habría producido entre 2018 y 2026.

La Justicia investiga una situación familiar que se habría extendido durante varios años y que involucra el derecho de una adolescente a mantener el vínculo con ambos progenitores.

Una mujer fue imputada por presuntamente haber impedido de manera sostenida el contacto de su hija con su padre, pese a la existencia de acuerdos y decisiones judiciales que establecían mecanismos para favorecer la revinculación.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°1 del distrito sur, conducida por la fiscal Jésica Miranda, quien imputó a la mujer por el delito de impedimento de contacto de un menor de edad con su progenitor no conviviente de manera permanente.

De acuerdo con la acusación, la situación se habría producido entre 2018 y febrero de 2026. Durante ese período, la mujer habría obstaculizado deliberadamente la comunicación y el vínculo entre la adolescente y su padre.

Uno de los aspectos que la Justicia deberá determinar es el contexto en el que se produjo esa interrupción del vínculo y el alcance de las decisiones que, durante esos años, fueron adoptadas por los juzgados de Familia.

Caso omiso

Según la investigación, la mujer conocía la existencia de un convenio de parentalidad homologado judicialmente que establecía un régimen de comunicación.

Además, distintas resoluciones judiciales habrían dispuesto el inicio y posterior restablecimiento de un proceso de revinculación entre el padre y su hija. Pese a esas decisiones, el vínculo no habría logrado restablecerse de manera efectiva.

La mujer fue citada a declarar y estuvo acompañada por un abogado particular. Su identidad no fue difundida para proteger la intimidad de la adolescente involucrada.

El caso vuelve a poner en el centro de la discusión una problemática que trasciende el conflicto entre adultos: el derecho de niños, niñas y adolescentes a preservar sus vínculos familiares, siempre que estos resulten beneficiosos para su desarrollo y bienestar. Será ahora la investigación judicial la que deberá establecer qué ocurrió, cuáles fueron las razones de la interrupción del contacto y si la conducta atribuida constituye el delito que se investiga.

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