Una jueza desafía suspensión de ley sobre imputabilidad de menores y aplica norma en su jurisdicción

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Una jueza de Garantías de Responsabilidad Penal Juvenil ha decidido que la ley nacional N° 27.801, que establece en 14 años la edad de punibilidad para menores que cometen delitos, sigue vigente en su jurisdicción. La magistrada, perteneciente al Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, argumentó que la resolución de su colega, la jueza Marta Pascual, quien suspendió la aplicación de la norma por 60 días, no tiene validez en otras jurisdicciones.

La jueza Mirta Guarino emitió su fallo tras recibir presentaciones de una fiscal y la defensora general de Responsabilidad Penal Juvenil de su jurisdicción. En su dictamen, Guarino afirmó: «La cuestión no consiste en desconocer la existencia de la autoridad o relevancia de la decisión adoptada por aquella magistratura».

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La ley N° 27.801, que reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años, fue sancionada por el Congreso Nacional el 27 de febrero y empezó a regir 180 días después de su publicación oficial. Sin embargo, 48 horas después del inicio de su vigencia, la jueza Pascual suspendió su aplicación en territorio bonaerense.

En la resolución de Pascual, se programó una audiencia para el miércoles siguiente, donde se citó a los responsables de las áreas del Poder Ejecutivo provincial para que informen sobre las acciones tomadas para implementar la ley.

Guarino señaló que la decisión cautelar de Pascual no puede tener efecto general en toda la provincia. «La cuestión a analizar debe ser delimitada con precisión», expresó, añadiendo que la ley nacional debe seguir aplicándose en su jurisdicción hasta que una autoridad competente disponga lo contrario.

Además, la jueza Pascual enfrenta tres pedidos de juicio político en su contra, presentados por varios referentes políticos, quienes argumentan que su resolución sobre la suspensión de la ley excede su función jurisdiccional. Los denunciantes sostienen que la jueza actuó de forma incorrecta al aceptar un habeas corpus colectivo que reclamó la suspensión de la norma, citando condiciones inadecuadas en los centros de detención de Lomas de Zamora.

Fuente: La Nación

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