El representante del sector, Walter Brizuela, presentó la denuncia ante Fiscalía acompañado por su abogado. Acusan a Saadi, a la Secretaria de Protección Ciudadana y al Director de Tránsito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
Dr. Carlos Yebrán y Walter Lucas Brizuela.
POLÍTICA
Por Redacción El Esquiu
17/10/2025 · 12:58 hs
En la mañana de este jueves, taxistas de Catamarca presentaron una denuncia penal contra el intendente Gustavo Saadi, la Secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Del Valle Romero, y el Director de Tránsito, Alejandro Ballespin, por presunta tolerancia al transporte ilegal y competencia desleal. La presentación estuvo a cargo del taxista Walter Lucas Brizuela, socio de Radio Taxi Fénix y con más de 32 años de experiencia, quien contó con el patrocinio del Dr. Carlos Manuel Yebra.
La denuncia apunta a los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público, según los artículos 248 y 249 del Código Penal, e incluye los siguientes hechos centrales:
- Los funcionarios denunciados habrían omitido sistemáticamente sus deberes de control y fiscalización durante más de dos años, permitiendo el funcionamiento ilegal de servicios de transporte de pasajeros a través de aplicaciones digitales.
- Esta omisión vulneraría ordenanzas municipales vigentes (N° 8635/23 y 2750/94) y la Carta Orgánica Municipal, creando un sistema de transporte paralelo no regulado.
- La falta de control compromete la seguridad de los usuarios, ya que los vehículos ilegales no cumplen con verificaciones técnicas, seguros obligatorios ni requisitos profesionales de los conductores.
- La situación habría generado una competencia desleal, con una caída estimada del 60% en los ingresos de licenciatarios formales como Brizuela, afectando la subsistencia de sus familias.
- Además, se indica un perjuicio económico para el municipio por evasión de tasas y habilitaciones, y una violación del principio de igualdad ante la ley.
El denunciante solicitó que la Fiscalía investigue los hechos, impute a los funcionarios y tenga por ofrecida la prueba documental, que incluye copias de ordenanzas, recortes de prensa, cartas documento y notas de reclamo. También se pidieron oficios a medios de comunicación y dependencias municipales para recabar más información. Brizuela se reservó el derecho de constituirse como querellante particular durante la investigación.
“Ya agotamos todas las instancias de diálogo. Pedimos audiencias, enviamos notas y no obtuvimos respuestas. No nos queda otra alternativa que recurrir a la vía judicial”, expresó Brizuela en declaraciones a El Esquiú Play.
El representante del sector aseguró que la denuncia busca cumplimiento de la ley vigente y protección de los derechos de los trabajadores. “Las leyes y las ordenanzas están escritas para ser cumplidas. Hace dos años que no se aplican y eso está destruyendo nuestro trabajo”, concluyó.
