POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
7/11/2025 · 02:17 hs
Finalmente, ayer desde las 7 de la mañana hasta cerca de las 11.00 en un trabajo conjunto y mancomunado la Fiscalía de Instrucción N° 7 a cargo de la Dra. Paola González Pinto, con personal de la Unidad Judicial N° 10 de Valle Viejo, efectivos policiales, Grupo GIR, Bomberos y de la empresa Ec Sapem, desalojaron a las familias que de manera ilegal residían en “ranchitos” en los terrenos lindantes al barrio Los Tabacaleros, localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo.
Afortunadamente la medida ordenada por el Juzgado de Control de Garantías N° 1, se cumplió normalmente, sin registrarse incidentes ni detenciones, informaron fuentes judiciales.
Pasadas las 7 de la mañana los efectivos ingresaron al extenso predio que había estado tomado por numerosas familias desde hace aproximadamente siete meses atrás y le comunicaron acompañados por el personal judicial lo dispuesto por la Justicia.
En la mayoría de los casos, los vecinos aceptaron la decisión y dejaron el predio de forma pacífica, retirando sus pertenencias, muchas de las cuales dejaron en la calle por no tener un lugar físico a donde ir.
Cerca de las onces los más de 300 efectivos que intervinieron en el procedimiento de desalojo derribaron las precarias construcciones de nailon y tarimas dejando el predio «liberado».
En paralelo, el personal de la empresa de Energía Catamarca Sapem hizo lo propio con las conexiones clandestinas existentes en el lugar.
De acuerdo a la información oficial aproximadamente fueron treinta las familias desalojadas. Trabajaron casi 300 efectivos policiales entre personal de Bomberos, drones, Kuntur, mediadores policiales, personal médico del SAME, Ec Sapem y personal de la Unidad Judicial N° 10 de Valle Viejo.
Finalizado el desalojo se dispuso de recorridos preventivos en la zona por parte de la policía de la jurisdicción para evitar nuevas «tomas».
Por otro lado, muchas de las familias desalojadas manifestaron su intención de permanecer en la zona, más precisamente sobre la calle junto a sus bienes, en una especie de vigilia para trasladarse a la oficina el IPV que funciona en el CAPE y pedir a las autoridades una solución a su problema habitacional.
Voceros consultados indicaron que durante el desalojo personal del organismo habría realizado un relevamiento a las familias.
Cabe acotar que en el expediente que se tramita en la Fiscalía de Instrucción N° 7 a cargo de la fiscal Paola González Pinto sobre estos terrenos usurpados, fueron más de quince las personas que fueron imputados e indagados por el delito de usurpación.
Intervención del ministerio de Vivienda y Urbanización
Frente a la situación, el Ministerio de Vivienda y Urbanización actuó haciéndose presente en el lugar para dialogar con los vecinos y brindar acompañamiento. Como resultado del encuentro, se firmó un acta de compromiso y se acordó una reunión con las autoridades de la cartera habitacional para hoy.
Desde el organismo provincial se informó que las familias ya cuentan con un relevamiento social y técnico, por lo que durante en la reunión se analizará en detalle cada caso.
Durante el procedimiento también participó un equipo de profesionales interdisciplinarios, debido a la presencia de menores de edad, con el fin de garantizar un proceso respetuoso, contener a las familias y asegurar que el operativo se desarrollara en un clima de tranquilidad.
