La disputa por el control político de la oposición no peronista en Tucumán ha alcanzado un nuevo nivel de confrontación. Recientemente, un dirigente vinculado al diputado nacional Mariano Campero presentó una denuncia contra Lisandro Catalán, exministro del Interior y líder del partido La Libertad Avanza (LLA) en la provincia, por supuesta falsificación de su domicilio con fines electorales.
La denuncia, que fue presentada ante la Fiscalía Federal de Tucumán, sostiene que ambos políticos habrían declarado domicilios que no corresponden a su residencia real. Esta situación se agrava en un contexto donde Catalán busca competir como candidato a gobernador en las elecciones del próximo año. El denunciante, Mauricio Argiró, concejal de Yerba Buena y aliado de Campero, también incluye en la acusación al diputado nacional Federico Pelli, quien ha manifestado su intención de postularse para la intendencia de Yerba Buena.
Argiró afirma que Catalán ha declarado un domicilio en San Miguel de Tucumán que, según la denuncia, pertenece a un tercero y funcionaría como sede partidaria. Además, se señala que en realidad reside en un barrio cerrado de Buenos Aires. Por su parte, se acusa a Pelli de haber realizado cambios de domicilio poco antes de anunciar su candidatura, en lo que se considera una maniobra para aparentar pertenencia territorial.
Ambos políticos rechazaron las acusaciones en una conferencia de prensa, donde los calificaron de “esbirros” al servicio del oficialismo. Catalán, en particular, describió la acción de Campero como un “golpe bajo” y defendió la legalidad de su situación, asegurando que su domicilio es legítimo. Desde el equipo de Catalán enfatizan que el exministro votó en las últimas elecciones provinciales y que su domicilio declarado es el de un amigo cercano, no la sede del partido.
La denuncia se produce en un clima de creciente tensión política en Tucumán, donde los vínculos entre los sectores libertarios y el oficialismo se han vuelto complejos. La administración de Osvaldo Jaldo, actual gobernador, se enfrenta a una serie de desafíos, incluyendo una posible reelección y la amenaza de la fragmentación interna dentro del peronismo. Jaldo ya fijó la fecha de elecciones para el 9 de mayo y se espera una intensa lucha por el poder entre los distintos sectores del justicialismo.
La situación en Tucumán se complica aún más con el surgimiento de nuevas candidaturas y la posibilidad de una mayor autonomía de ciertos gobernadores peronistas frente al Gobierno Nacional, lo que podría alterar el equilibrio político en la provincia.
Fuente: La Nación
