La iniciativa del Gobierno será presentada por Federico Sturzenegger en comisión. Contempla mayor autonomía para las empresas, menos regulaciones y la incorporación de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial.
24/6/2026 · 07:53 hs
El Senado abrirá este miércoles el debate sobre el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca reducir la intervención estatal en la organización de las empresas y adaptar el marco normativo a las nuevas formas de actividad económica y tecnológica.
El tratamiento comenzará a las 15.30 en la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora libertaria Nadia Márquez, con una reunión informativa en la que expondrá el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, principal impulsor de la propuesta.
El funcionario estará acompañado por la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán, y por el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez.
La iniciativa plantea una modificación profunda de la legislación vigente desde 1972 y tiene como eje central otorgar mayor autonomía a los socios para definir la estructura y funcionamiento de sus empresas. En ese sentido, propone que las disposiciones de la ley tengan carácter supletorio, de modo que prevalezca lo establecido en los estatutos societarios.
Entre las principales novedades figura la creación de las denominadas «Sociedades Automatizadas«, que podrán operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de empleados para su funcionamiento ordinario. También incorpora el reconocimiento de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras que funcionan parcial o totalmente de manera autónoma y cuyos registros y participaciones pueden operar mediante tecnología blockchain y tokens digitales.
El proyecto establece además que las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. En esa línea, limita la capacidad de los registros públicos para imponer regulaciones adicionales a las previstas por la ley y elimina diversas exigencias burocráticas vinculadas a la constitución y funcionamiento de las sociedades.
Otro de los cambios propuestos es la ampliación del objeto social de las empresas, que podrá abarcar múltiples actividades sin necesidad de que exista relación entre ellas.
La reforma también habilita a las sociedades a someter sus conflictos internos al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional, además de permitir la incorporación de cláusulas arbitrales para resolver controversias por fuera de la Justicia ordinaria.
En materia de modernización, el proyecto impulsa la digitalización integral de las sociedades mediante la implementación de domicilios electrónicos, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de empresas con firma digital y legajos digitales públicos.
Asimismo, incorpora la figura de la sede electrónica, una herramienta orientada a empresas que operan mediante plataformas digitales, estructuras remotas o equipos distribuidos, adecuando la legislación a nuevas modalidades de organización empresarial.
Por último, la iniciativa amplía las formas de integración de capital al permitir aportes de bienes, derechos, créditos, activos digitales, prestaciones con valor económico y obligaciones de dar o hacer. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es reconocer el valor de activos intangibles y tecnológicos que hoy resultan centrales para numerosas actividades económicas.
