La víctima manifestó ante la Justicia querer terminar con el proceso. Sin embargo, el fiscal dijo que no, por lo que la investigación siguió, pero al llegar a las imputaciones las defensas se opusieron.
28/10/2026 · 01:03 hs
La adolescente de 17 años que denunció la supuesta difusión de un video íntimo quería cerrar el conflicto judicial que ella misma había iniciado con la denuncia y seguir adelante con su vida. Según fuentes vinculadas a la investigación, aceptó una propuesta de “Reparación Integral” que contemplaba un resarcimiento económico por parte de los sindicados. Su madre, abogada y querellante en representación de la joven, también estuvo de acuerdo con esa alternativa que buscaba evitar nuevas citaciones y poner fin a la exposición que implicaba el proceso.
La reparación integral está prevista en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal como una posible vía de extinción de la acción penal, sujeta a las condiciones legales correspondientes. Cabe aclarar que la investigación está relacionada con una posible distribución de material sexual de una menor de edad (pornografía infantil) y no con un delito de abuso sexual, por lo que el acuerdo es totalmente válido, aunque la situación procesal de los tres estudiantes todavía debe definirse.
El fiscal especializado Guillermo Narváez se opuso a la propuesta desde el comienzo. Sin embargo, la posibilidad de avanzar con esa salida también dependía de que existiera acuerdo entre todas las partes y de la decisión judicial. El escenario cambió cuando, después de iniciada la causa, el entonces novio de la adolescente se presentó como segundo querellante, en vísperas de la audiencia prevista para tratar la reparación.
El joven, que tiene 18 años, reclamó sumas de dinero consideradas exorbitantes por fuentes de la investigación. Esa pretensión impidió alcanzar el acuerdo entre los querellantes y terminó de frustrar la alternativa que habían aceptado la víctima y su madre.
El 14 de septiembre, durante una audiencia ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, el juez Rodrigo Morabito rechazó la propuesta e instó a que se definiera con urgencia la situación procesal de los tres estudiantes denunciados.
Investigación
La causa continuó por la vía penal. La Fiscalía determinó que los sindicados habían distribuido pornografía infantil y los citó a declarar como imputados el 13 de octubre, pero la audiencia no pudo concretarse porque la Asesoría de Menores y dos de las defensas presentaron planteos que debían resolverse previamente. El magistrado rechazó los planteos de nulidad y excluyó al joven de 18 años como querellante. La decisión no le impide reclamar por los daños que considere sufridos, pero deberá hacerlo por la vía correspondiente a un proceso de adultos. El joven apeló su apartamiento, al igual que las defensas formularon recursos, y el expediente pasó a la Cámara de Apelaciones.
La discusión también alcanzó el viaje a Bariloche. Según fuentes de la investigación, antes de la partida el día 3 de octubre se consultó a la adolescente en cuestión si tenía inconvenientes con que dos de los estudiantes viajaran -ya que uno de ellos había decidido no viajar- y ella manifestó que no. Las mismas fuentes y las defensas sostienen que los dos jóvenes denunciados que viajaron no participaron en los episodios ocurridos durante el viaje que luego derivaron en la difusión del video de bullying.
Cabe acotar que la investigación incluyó testimonios, pericias y el secuestro de dispositivos, además de la intervención de organismos judiciales para acompañar a la víctima. La causa sigue abierta y el Tribunal de Alzada deberá resolver las apelaciones para determinar cómo continúa el proceso.
