La política habitacional del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, enfrenta una fuerte presión tras las manifestaciones de familias que reclamaron frente al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV). Según datos oficiales, más de 2.500 hogares están inscriptos y en condiciones de participar de un sorteo en Santa Rosa.
El 2 de septiembre, un grupo mayoritariamente compuesto por mujeres se congregó en la sede central del IPAV, exponiendo sus dificultades con alquileres impagables, problemas de salud y la carga de menores a su cuidado. Muchas de estas manifestantes llevan años en la lista de espera y han compartido testimonios de situaciones críticas.
Una de las participantes, que lleva más de dos décadas inscripta, explicó que su esposo requiere oxígeno y no puede trabajar, mientras que uno de sus hijos tiene una discapacidad. A pesar de sus esfuerzos por presentar documentación médica en múltiples ocasiones, su situación no le garantiza una adjudicación prioritaria.
El reclamo central de las familias fue que se consideren sus circunstancias particulares, pidiendo la intervención de trabajadores sociales en el proceso de adjudicación. Sin embargo, la presidenta del IPAV, Érica Riboyra, defendió el sorteo público como el único mecanismo para la entrega de viviendas, descartando que la adjudicación dependa de la intensidad del reclamo.
Riboyra también atribuyó la crisis habitacional a la paralización de programas y obras nacionales impulsada por la administración del gobierno actual. Aseguró que la provincia continúa construyendo viviendas con recursos propios y ofrece soluciones dentro de este marco de restricciones.
A pesar de los intentos de mitigar la situación, la demanda supera con creces los programas previamente anunciados. En marzo de 2025, el Ejecutivo provincial asignó $28.000 millones para financiar viviendas de 700 familias que ya disponían de terreno, lo que deja fuera a muchas de las que dependen de una unidad social adjudicada por el IPAV.
Fuente: NA
