Proponen un nuevo impuesto al consumo final en Buenos Aires con un tope del 6,25%

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El diputado provincial de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, ha presentado un proyecto de ley que busca reemplazar el actual sistema de Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires. La propuesta introduce un Impuesto Provincial al Consumo Final (IPCF), que tendría una alícuota máxima del 6,25% y establecería un periodo de transición de hasta cinco años.

Este nuevo impuesto se aplicaría directamente sobre el precio neto de los bienes y servicios al llegar al consumidor final, mientras que las transacciones destinadas a reventa, producción o transformación quedarían excluidas del gravamen. Según los cálculos presentados en la iniciativa, una alícuota del 6,11% sería suficiente para mantener el nivel de recaudación provincial.

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La propuesta también incluye una tasa reducida para medicamentos, insumos sanitarios y transporte público, así como reintegros focalizados para los hogares de menores ingresos. Liberman ha argumentado que el impuesto actual de Ingresos Brutos es uno de los más distorsivos, encareciendo los bienes y servicios y afectando a las empresas que deben competir con productos de otras provincias o del exterior.

La transición al nuevo sistema se llevaría a cabo en un plazo máximo de cinco años, incorporando anualmente actividades que representen al menos el 20% de la recaudación de Ingresos Brutos del ejercicio anterior. Esto permitiría que, a medida que cada sector ingrese al nuevo régimen, deje de tributar Ingresos Brutos.

Además, la iniciativa contempla la creación de un Fondo de Compensación Municipal para asistir a los municipios que pudieran ver afectada su recaudación durante los primeros años de implementación. También se prevé el reconocimiento de los saldos a favor acumulados de Ingresos Brutos, que podrían usarse para compensar otras obligaciones tributarias o solicitar su devolución.

Entre las herramientas de fiscalización, se propone un Certificado de Reventa Digital para identificar operaciones destinadas a etapas posteriores de producción o comercialización. Asimismo, la iniciativa contempla evaluaciones periódicas del impacto fiscal y económico, con la participación de organismos provinciales y representantes sectoriales.

Fuente: NA

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