Nación obtuvo el aval para discutir el proyecto. Mantuvo la actualización automática de las asignaciones familiares y retiró artículos que modificaban el régimen de discapacidad.
Después de una serie de negociaciones y concesiones a gobernadores y bloques aliados, el Gobierno consiguió ayer dictamen para avanzar con el proyecto de presupuesto 2027 que será debatido en el recinto la semana próxima.
El despacho de mayoría reunió 27 firmas sobre 48 presentes: además de 20 firmas del oficialismo, suscribieron el catamarqueño Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Fernando de Andreis y Daiana Fernández Molero (PRO), Pamela Verasay (UCR), Eduardo Falcone (MID), la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y la tucumana Elia Fernández (Independencia). Cabe aclarar que Verasay y Picón Martínez lo hicieron sin disidencias, mientras que Nóblega y los cuatro restantes firmaron con disidencias.
El acuerdo le permitió al oficialismo avanzar con su objetivo de llevar la iniciativa al recinto el próximo 25 de noviembre, aunque no logró satisfacer todas las demandas de sus socios parlamentarios.
Por su parte, los bloques Unión por la Patria y de Provincias Unidas presentaron sendos dictámenes de minoría. El misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente de Argentina Federal, no firmó ningún dictamen, en disconformidad con reclamos que solicitó y no fueron contemplados, entre ellos, más partidas para ciencia y tecnología.
El texto consensuado pasó de 76 a 73 artículos. Uno de los principales cambios fue el retiro del artículo que suprimía la actualización automática de las asignaciones familiares, tanto para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas como para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
También se eliminaron los artículos que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y su financiamiento.
A la vez, se incorporó una nueva disposición sobre los recursos destinados a garantizar las prestaciones para las personas con discapacidad. Estos ajustes los leyó la legisladora libertaria, Laura Rodríguez Machado, quien se puso al frente de esa discusión en Diputados. El dictamen sumó, además, beneficios para el sector autopartista y una exención impositiva para Mendoza.
El despacho no fijó en el nuevo texto el reclamo de varios bloques sobre el Impuesto a los Combustibles.
Algunos dialoguistas pedían una rebaja, ya que el destino de lo recaudado por este no está siendo destinado al mantenimiento de las rutas nacionales, mientras que otros apuntaron a elevar los montos. Sin embargo, el Gobierno nacional acordará con cada provincia por separado en este sentido.
Los pedidos locales
El bloque de Elijo Catamarca que preside Nóblega e integran Fernando Monguillot y Fernanda Ávila reclamó garantías para la ejecución de las inversiones nacionales en la provincia. Para el caso, propuso que la eliminación, el cambio de destino o los recortes superiores al 10 % requieran autorización del Congreso.
Además, solicitaron garantizar fondos para los desagües pluviales de avenida Güemes y calle Villegas, en la Capital ($56.000 millones) y finalizar la urbanización de 250 lotes de Barrio Parque Sur ($6.800 millones).
El bloque también exigió “resguardar” las obras viales del tramo Quirós–Frías; las rutas nacionales 38, 60 y 157; puentes y alcantarillas; las cloacas de Valle Viejo–Fray Mamerto Esquiú; y la obra energética de Alumbrera–Belén. En tanto, impulsó la eliminación de los artículos 36 al 41 del proyecto original, por sus efectos sobre el sistema de protección de las personas con discapacidad y para mantener coherencia con la media sanción de la Ley de Fortalecimiento en Discapacidad.
También buscaron elevar del 10,40 % al 30,40 % la participación en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, mediante la transferencia de 20 puntos actualmente destinados al Fideicomiso de Transporte.
Esto representaría aproximadamente $857.416 millones adicionales para las provincias.











