El exintendente de Santa Rosa debía ser juzgado por presunto abuso de autoridad, a raíz de la clausura de un hospedaje en Bañado de Ovanta en 2021. La audiencia se reprogramó luego de un cambio en la defensa.
15/10/2026 · 10:39 hs
El juicio contra Ramón Elpidio Guaraz por presunto abuso de autoridad fue reprogramado para el 22 de octubre, luego de que el exintendente de Santa Rosa cambiara de abogado defensor. El debate debía comenzar este jueves en el Juzgado Correccional N.º 1, pero la modificación se resolvió a último momento, cuando el acusado ya había sido trasladado desde el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores hasta la sede judicial.
El proceso estará a cargo del juez Marcelo Forner, mientras que la acusación será sostenida por la fiscal correccional Cynthia Romero. Guaraz deberá responder como presunto autor del delito de abuso de autoridad por una medida adoptada durante su gestión municipal, que derivó en la clausura de un establecimiento comercial de Bañado de Ovanta.
El exjefe comunal cumple actualmente una condena firme de nueve años de prisión por delitos contra la integridad sexual, por los que permanece alojado en el penal de Miraflores.
Causa por la clausura del hospedaje San Antonio
La causa llega al debate oral tras un prolongado trámite procesal en el que la denunciante, Shirli Claribel Cordero, expuso el mecanismo de persecución y amedrentamiento que desplegaba el entonces mandatario comunal contra las mujeres del departamento.
De acuerdo con la acusación formal del Ministerio Público Fiscal, el episodio ventilado ocurrió el 6 de mayo de 2021, cuando el exedil, usó del aparato estatal, en su carácter de intendente municipal de Santa Rosa, firmó el Decreto Municipal Nº 23/2021, disponiendo la clausura total y preventiva del bar-hospedaje “San Antonio”, ubicado en Bañado de Ovanta y explotado comercialmente por Cordero.
La requisitoria fiscal sostiene que Guaraz impidió intencionalmente y de antemano que la comerciante abonara los importes adeudados en tasas municipales, bloqueándole los canales administrativos de regularización.
Dicha arbitrariedad fue motivada, según la investigación, por las reiteradas negativas de Cordero ante las pretensiones de índole amorosa e insinuaciones sexuales formuladas por el jefe comunal hacia ella.
Cabe destacar que la arbitrariedad del acto administrativo fue advertida con rapidez por el máximo tribunal provincial. En octubre de 2021, la Corte de Justicia de Catamarca dictaminó de forma unánime dejar sin efecto el decreto de clausura, permitiendo la reapertura del local tras constatar la falta de sustento y legalidad de la medida.
Pese a que la víctima denunció originariamente la trama bajo los agravantes de acoso sexual, extorsión y coacción, el encuadre procesal finalmente fijado por la fiscalía de instrucción elevó la causa bajo la tipificación estricta de abuso de autoridad.
