Habría un archivo creado el día 6 de diciembre del 2023, cuando se supone el aparato estaba secuestrado bajo la custodia del Ministerio Publico Fiscal. La visualización se realizó el 7 de diciembre.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
20/2/2026 · 01:39 hs
El Ministerio Público Fiscal informó la semana pasada la creación de una nueva comisión para investigar el accionar de fiscales y personal que intervinieron en la etapa inicial de la causa, luego de que se corroborara la pérdida de material fílmico relevante en las cercanías de la casa de Juan Carlos Rojas.
En paralelo, la querella solicitó ayer que también se investigue la presunta “sanitización” del teléfono celular que “Rojitas” llevaba consigo cuando fue asesinado. El planteo se realizó tras las declaraciones formuladas el pasado 5 de febrero por el exintendente Elpidio Guaraz, quien aludió a una supuesta conspiración del Poder Ejecutivo para ocultar el crimen.
El 4 de diciembre del año 2023 Fernando llegó a la casa de su papá y lo halló muerto en la galería de la vivienda en la que vivía solo. “Rojitas” tenía consigo el teléfono celular que por su función de ministro de Desarrollo Social de la provincia había empezado a utilizar desde el 24 de noviembre del mismo año. Dicho teléfono, al igual que otros múltiples elementos que fueron hallados en la escena por la policía, fueron secuestrados y, de acuerdo con el protocolo, puestos bajo cadena de custodia.
Actividad inusual
Sin embargo, el abogado querellante que representa a los hijos de “Rojitas”, Dr. Iván Sarquís, advirtió una “actividad” inusual en el aparato telefónico, de acuerdo con los informes que constan en el expediente. Ayer el hecho fue puesto en conocimiento del fiscal Hugo Costilla para que, a través de un equipo forense federal, convalide o no que “el teléfono pudo ser manipulado antes de la extracción oficial”. Es decir, hay sospechas de que personal del Ministerio Público Fiscal que secuestró el teléfono lo haya manipulado.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso este diario, la parte querellante advirtió al menos dos circunstancias consideradas extrañas en el teléfono celular corporativo del ministro. Según señalaron, las acciones detectadas no podrían haber sido realizadas por “una persona común” ni de manera manual, es decir, desde el propio aparato, sino que habrían requerido “mano capacitada” y el uso de un software específico: un sistema UFED, cuya licencia es paga y costosa, por lo que, según aseguraron, “no cualquier persona lo tiene”.
Uno de los hallazgos que la luz roja fue la detección de un archivo creado el 6 de diciembre de 2023, cuando se supone que el aparato ya se encontraba secuestrado y bajo custodia del Ministerio Público Fiscal. Según la hipótesis planteada por la querella, ese archivo podría haber sido generado de manera artificial por una persona con capacitación técnica y acceso a recursos específicos, por lo que solicitaron que sea investigado por la Fiscalía.
El interrogante surge porque el teléfono fue secuestrado el 4 de diciembre de 2023 y, sin embargo, se hallaron archivos creados el día 6 de diciembre, siendo que la visualización formal del dispositivo se realizó recién el 7 de diciembre. Es decir, el equipo solo podía ser abierto oficialmente a partir de esa fecha, lo que lleva a la querella a sospechar que el celular habría sido manipulado antes del análisis efectuado en presencia de las partes y que incluso pudo haber sido “sanitizado”.
En otras palabras, la duda que se teje es si la información del teléfono fue “acomodada” para encubrir el homicidio. De ser así, se abrirían al menos dos interrogantes inevitables: ¿quién lo hizo y con qué propósito?
Voceros judiciales consultados explicaron cuál es el procedimiento que se realiza desde la Justicia al momento del secuestro de un teléfono celular en una Investigación Penal Preparatoria. Una vez que el teléfono está en poder de la Justicia, el aparato es puesto en modo avión o, si está apagado al momento de la entrega, permanece en esa condición. Luego se activa el protocolo de conservación de la prueba, a fin de garantizar que el análisis de su contenido no altere la evidencia ni afecte la cadena de custodia.
Sin embargo, según la presentación realizada por la querella, esto no habría ocurrido así. De acuerdo con ese planteo, desde el momento en que el teléfono corporativo de “Rojitas” fue puesto bajo resguardo del Ministerio Público Fiscal, “la información que contenía fue disminuyendo” día tras día.
La presentación
“Considero que debería en carácter de muy urgente y en razón a las graves implicancias que estos elementos arrimados por la querella pueden traer, disponer de medidas adecuadas y oportunas tendientes a despejar cualquier duda de manipulación, borrado y alteración de elemento probatorio con su consecuente afectación de la cadena de custodia, más tomando en cuenta los antecedentes que esta causa arrastra, en donde el MP ha manifestado mediante decreto fiscal de fecha 6 de febrero del 2026 preocupación por “subsanar” deficiencias oportunamente constatadas en la preservación de los registros de cámaras de seguridad durante el periodo crítico para la causa lo que dificultan aún más, la ya complicada tarea de esclarecer un crimen de estas características.
Por ello, vamos a requerir al Ministerio Público, la remisión de los teléfonos secuestrados a la víctima (no solo del dispositivo individualizado ut supra), a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), dependiente del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, o en su caso se remitan los elementos a una unidad especializada federal, a los fines de que se practiquen las medidas forenses adecuadas tendientes a explicar las razones de los hallazgos aquí puestos de manifiesto, no solo respecto al borrado profundo y técnico que se efectuara en el dispositivo, sino también tomando en cuenta los hallazgos detallados en la presente”, dice parte de la presentación en la secretaría del fiscal Hugo Costilla.
Por otra parte, se advierte, por ejemplo, el borrado de la actividad del teléfono del día 3 de diciembre entre las 08.21 y las 08.25, tiempo en el que se presume habría ocurrido el homicidio de Rojas. Según explicaron los voceros consultados, se observa en una especie de planilla de Excel un casillero vacío en ese lapso, mientras que antes de las 08.21 y después de las 08.25 los casilleros contienen información.
Por ejemplo, se hallaron los mensajes que la imputada Silvina Nieva intercambió con Rojas, tal como ella lo expuso en su declaración al ser interrogada antes de que se ordenara su detención. La mujer indicó que iba a concurrir al domicilio para realizar tareas de limpieza, actividad que desempeñaba con frecuencia en la vivienda.
En otra parte de la presentación, el abogado sostiene que el supuesto borrado de esas actividades —se trate de una llamada, una fotografía, un mensaje u otra acción— no pudo haberse efectuado de manera manual desde el propio dispositivo, sino mediante la utilización de un sistema UFED.
En total, se estima el presunto borrado de 35 registros de actividad. No obstante, en el teléfono sí figuran las comunicaciones que “Rojitas” mantuvo con Silvina Nieva, la única imputada en la causa, quien permanece en libertad. Tras esos intercambios con Nieva es cuando aparecen los “vacíos” en la secuencia de registros.
