Hasta el momento hay siete personas imputadas formalmente por el delito de usurpación. Sin embargo, la lista de sindicados supera el centenar.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
7/8/2025 · 00:24 hs
A casi tres meses de la toma de tres terrenos en Santa Rosa, departamento Valle Viejo, más de un centenar de personas, incluyendo familias con niños y personas con discapacidad, continúan resistiendo en el lugar a la espera de una solución habitacional que hasta el momento no llega.
La fiscal Paola González Pinto, a cargo de la investigación, ha avanzado en la causa e imputado a varias de las personas involucradas, aunque por el momento la Justicia busca evitar un desalojo compulsivo.
Hasta el momento hay siete personas imputadas formalmente por el delito de usurpación. Sin embargo, la lista de sindicados supera el centenar.
Ayer diez personas tenían previsto ser indagadas e imputadas por usurpación en la Fiscalía general, pero las mismas se suspendieron por disposición de la fiscal actuante, quien busca instruir el expediente con resguardo y protección para las personas, evitando cualquier conflicto que pueda derivar en un desmán, como un desalojo compulsivo.
El Esquiú.com pudo en la mañana de ayer dialogar con algunas de las mujeres que habían recibido la citación judicial para declarar ante la fiscal.
María, una de las ocupas, expresó su angustia y desesperación por la situación que atraviesa junto a sus cuatro hijos menores de edad, y comentó que temía perder su fuente de ingreso si se formalizaba la imputación. “Si nos pintan los dedos ya no tenemos nada para perder”, expresó María visiblemente movilizada. Además, advirtió que muchas personas, como ella, están dispuestas a tomar medidas extremas junto a sus hijos si no obtienen una respuesta.
Por otra parte, Laura, otra de las ocupas citadas, comentó que el gobierno los había abandonado y que les habían prometido una solución luego de la Fiesta del Poncho, lo que no sucedió. Expresó que la gente está saturada y que, al igual que María, la situación no da para más, advirtiendo que de no darles una solución, no es una amenaza, sino una advertencia de que están dispuestos a prenderse fuego.
Las indagatorias no se realizaron por orden de la fiscal, quedando por el momento suspendidas. Por otra parte, las fuentes consultadas indicaron que por el momento no hay ninguna intención desde la Justicia de desalojar el terreno de manera compulsiva, lo que se busca es que las personas se retiren por sus propios medios y cesen con la toma de tierras.
