La abogada Andrea Morales Leanza, representante legal de la comunidad indígena, denunció que efectivos policiales acompañaron el ingreso de personal vinculado a la actividad minera y aseguró que los pobladores no pueden salir ni recibir personas. La comunidad reclama la intervención de la Justicia y prepara una acción de amparo.
8/9/2026 · 12:42 hs
La tensión entre la Comunidad Indígena de Peñas Negras, en el norte del departamento Belén, y el avance de la actividad minera volvió a escalar en los últimos días. La abogada Andrea Morales Leanza, representante legal de la comunidad, denunció que efectivos de la Policía de Catamarca se hicieron presentes en el territorio junto con personal vinculado a emprendimientos mineros y sostuvo que los pobladores se encuentran actualmente “sitiados”.
“No, no nos avisaron de nada”, afirmó esta mañana Morales Leanza al referirse al operativo durante una entrevista con Radio El Esquiú 95.3, en el programa Mensajes en la Radio. Según explicó, la comunidad tomó conocimiento de la presencia policial cuando los efectivos llegaron al territorio.
La abogada sostuvo que existen cuestionamientos sobre los permisos otorgados para la actividad minera y aseguró que la comunidad no prestó su consentimiento para el desarrollo de trabajos en su territorio. El conflicto está vinculado, entre otros puntos, con el proyecto Aguas Calientes I, II y III, cuya prospección fue autorizada por el Ministerio de Minería en 2024. En ese marco, publicaciones previas registraron la participación de Elevado Gold S.A. en el proyecto y el rechazo expresado por Peñas Negras.
“La comunidad indígena de Peñas Negras no da su permiso, no autoriza y no hace consentimiento para llevar adelante este tipo de emprendimiento”, sostuvo Morales Leanza.
El antecedente más grave del conflicto se remonta a abril de 2024, cuando un operativo policial para permitir el ingreso de personal minero derivó en enfrentamientos y dejó herido al comunero Félix Escalante, entonces de 83 años. El episodio fue documentado por distintas fuentes y profundizó el conflicto territorial.
“No pueden salir, nadie puede ingresar”
La situación denunciada ahora por la representante legal vuelve a poner el foco en la intervención de las fuerzas de seguridad.
Morales Leanza aseguró que “no pueden salir, nadie puede ingresar” y reclamó la presencia de la Fiscalía de Belén.
“Tiene que intervenir la Justicia, tiene que ir a asegurar derechos”, afirmó la abogada, quien también mencionó videos en los que, según su denuncia, se observarían policías arrojando gases durante enfrentamientos en los que habría niños presentes.
La letrada aseguró además haber recibido amenazas que, según dijo, le impedirían trasladarse con tranquilidad hasta Peñas Negras. “He recibido amenazas en donde yo no puedo pisar Peñas Negras”, manifestó.
Morales Leanza contó que solicitó consignas policiales para poder ingresar al territorio con seguridad, pero que ese pedido habría sido rechazado. En contraste, cuestionó que sí exista presencia policial durante los ingresos vinculados con la actividad minera.
“Es tierra de nadie, eso es la gestión de Raúl Jalil, es violar la ley como a él se le antoja”, expresó, en una acusación dirigida al Gobierno provincial.
La representante legal también cuestionó la falta de respuestas a las presentaciones realizadas ante el Ministerio de Minería y afirmó que se trata de la segunda impugnación contra actos administrativos vinculados con el emprendimiento.
La comunidad prepara una acción de amparo
Frente a la falta de respuestas, Morales Leanza anticipó que los abogados de Peñas Negras preparan una presentación judicial.
“Están preparando una acción de amparo para presentar en los próximos días”, confirmó.
La abogada también describió las dificultades para trasladarse hasta el territorio. Según relató, viajará desde Salta y aseguró que actualmente le genera mayor seguridad ingresar por la localidad salteña de Angastaco que hacerlo desde Catamarca.
“A mí me da más seguridad el municipio de Angastaco, de la provincia de Salta, que mi propia provincia”, afirmó.
El conflicto vuelve así a instalar el debate sobre la actividad minera en la Puna catamarqueña y, particularmente, sobre el derecho de las comunidades indígenas a participar y ser consultadas frente a proyectos que afectan territorios que consideran ancestrales. La situación se encuentra atravesada por reclamos contrapuestos entre comunidades de la zona, empresas mineras y organismos provinciales. En 2024, incluso, se realizaron reuniones informativas con comunidades de Aguas Calientes, La Angostura y Carachi por las tareas de prospección aprobadas para el proyecto Aguas Calientes.
Para Morales Leanza, sin embargo, el escenario actual no es de negociación: “Si alguien me dice que es una situación que está de diálogo, yo les voy a decir que eso es falso, no hay diálogo y puertas cerradas”.
La comunidad de Peñas Negras espera ahora la intervención de la Justicia mientras avanza con la preparación del amparo anunciado por su equipo legal.
