En el oficialismo renunciaron a la idea de insistir acerca del capítulo 11, que anulaba la Ley de Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Con ello, evitará introducir cambios que devolverían el proyecto a Diputados.
POLÍTICA
Por Redacción El Esquiu
21/12/2025 · 04:01 hs
El Gobierno nacional recalculó su hoja de ruta para enfocar todo su esfuerzo en la sanción del presupuesto 2026 antes de fin de año, sin riesgos ni dilaciones: es la señal de gobernabilidad que esperan los mercados en las vísperas del vencimiento de U$S4200 millones de deuda del 9 de enero próximo. Por ello, el oficialismo en el Senado buscará aprobarlo tal como lo recibió de Diputados, sin el capítulo XI que derogaba las leyes de financiamiento para universidades y servicios de discapacidad.
El impacto fiscal que implican ambas normas –que fueron vetadas por el presidente Javier Milei, pero luego insistidas por el Congreso- será subsanado por el Ministerio de Economía con medidas administrativas o, eventualmente, con proyectos de ley correctivos que envíe el Poder Ejecutivo, anticiparon fuentes legislativas. El titular de la cartera económica, Luis Caputo, es el principal interesado en que el presupuesto se apruebe antes de fin de año. En efecto, en la media sanción se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer “endeudamiento público e incremento de otros pasivos” por $288,7 billones, un monto equivalente a US$202.891 millones al tipo de cambio promedio previsto en la iniciativa ($1423).
“Nosotros tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal, nos tendremos que acomodar para no caer en déficit, eso se va a arreglar, pero no va a ser mediante este presupuesto, sino mediante otros instrumentos”, dijo Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, tras alzarse el viernes pasado con el dictamen del presupuesto tal como lo aprobó la Cámara Baja.
El oficialismo convocó a sesionar el próximo 26 en el Senado. Bullrich quiere finiquitar ese mismo día la sanción del presupuesto. Sabe que cualquier cambio a la media sanción implicaría su regreso a la Cámara de Diputados, que tendría solo dos días hábiles -29 y 30- para discutir el proyecto. Si no llega a tiempo, el Gobierno se verá obligado a reconducir por tercera vez consecutiva el presupuesto actual, cuando sabe que ya no tiene margen político para hacerlo.
No solo eso: una nueva prórroga le complicaría, además, la sanción de las leyes por venir, entre ellas, la de modernización laboral. Los gobernadores ya han dicho que su prioridad es que se sancione el presupuesto 2026 porque necesitan tener una garantía de los recursos que recibirán para sus provincias. Después viene lo demás, advierten. El oficialismo quiere evitar riesgos. No solo eso: bloques aliados como la UCR ya advirtieron que no votarán el presupuesto si el oficialismo insiste con reintroducir el capítulo XI.
“El bloque UCR está en contra de esa posibilidad. La única forma de que salga hoy (la Ley de Presupuesto) va a ser como vino de Diputados. El Gobierno tendrá que encontrar los mecanismos para resolver lo que pasó con el Capítulo XI”, aseveró el jefe de la bancada Eduardo Vischi.
El bloque de Unión por la Patria ya puso la mira en varios artículos y buscará aliados para voltearlos. Entre ellos el 30, que deroga los pisos mínimos de financiamiento para la educación, el sistema nacional de ciencia y tecnología, la educación técnica y el Fondo Nacional de la Defensa.
En el Gobierno se convencieron de que las nuevas pensiones por discapacidad que habilita la ley no tendrán un impacto inmediato y creen que tienen tiempo para avanzar con cambios más quirúrgicos para garantizar el equilibrio fiscal, amenazado por la caída de la recaudación, que repercute con mayor fuerza en provincias y municipios de todo el país.
