2/6/2026 · 02:31 hs
El 3 de junio se conmemora en Argentina el aniversario de “Ni Una Menos”, el movimiento sociopolítico masivo de protesta contra la violencia de género y los femicidios. En vísperas de una nueva convocatoria, ahora con el doloroso caso de Agostina Vega como bandera, lamentablemente se observa un dramático retroceso en reconocimiento y derechos adquiridos. Este grito colectivo nació el 3 de junio de 2015 como una reacción social ante el brutal asesinato de Chiara Páez, una adolescente de 14 años en Santa Fe. Desde entonces, cada año se transformó en una fecha clave de movilización federal.
A pesar de los múltiples avances en materia de visibilización y concientización, el Gobierno de Javier Milei ha implementado un profundo cambio de paradigma que analistas y organizaciones sociales definen como un retroceso estructural en las políticas de género y diversidad en Argentina. A través de medidas administrativas, recortes presupuestarios y reformas normativas, la gestión actual adoptó una postura de “antifeminismo de Estado”, bajo el argumento de garantizar la igualdad ante la ley y eliminar lo que denominan “ideología de género”. Esa conducta abarcó desde recortes presupuestarios hasta provocaciones lisas y llanas, como la eliminación del Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada, que ya no existe. Pero hubo actos más graves, como el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que fue inicialmente degradado a subsecretaría y finalmente disuelto por completo, eliminando la institucionalidad de género de máxima jerarquía en el Poder Ejecutivo. El vaciamiento presupuestario de Acompañar, el principal programa de transferencia de ingresos destinado a mujeres y personas Lgtbiq+ en situación de violencia de género, que sufrió una reducción drástica. El servicio telefónico de la Línea 144, sistema nacional de asesoramiento y contención para víctimas de violencia de género, que experimentó un fuerte recorte de fondos y de personal. Se desmanteló ENIA, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, un programa interministerial que había logrado reducir significativamente las tasas de embarazo adolescente en el país. Se debilitó la tarea de Salud Sexual y Reproductiva, con desabastecimiento y falta de planificación en la compra y distribución de insumos básicos, tales como anticonceptivos, preservativos y medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo.
Los ataques siguen con la limitación a la Ley de Identidad de Género mediante el Decreto 62/2025 del Gobierno Nacional, la eliminación del DNI no binario y las reformas penales que acompañan el discurso oficial. El Ejecutivo impulsó iniciativas para remover la figura penal de feminicidio como agravante en el Código Penal. El oficialismo niega de forma sistemática la existencia de la brecha salarial de género y las violencias estructurales hacia las mujeres, calificando a estas agendas como herramientas de “adoctrinamiento político”. Medidas desoladoras en un país que sumó 200 femicidios el año pasado y lleva 80 en lo que va de 2026 porque, más grave que no poder resolver un problema, es directamente negarlo.
