En una nueva y reciente presentación, la denunciante denunció omisiones, negligencia e inacción dentro del sistema de protección de niñez y adolescencia y cargó contra organismos estatales.
Natalia Palacios.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
30/3/2026 · 01:26 hs
La ciudadana Natalia Palacios, que tiempo atrás (2021) denunciara públicamente que uno de sus hijos se encuentra bajo un injusto cuidado provisorio de su padre, reiteró cargos contra la Secretaría de Familia -depende de Desarrollo Social, que conduce Gonzalo Mascheroni y está a cargo de la doctora Pacheco Agüero- y presentó denuncia penal en la Fiscalía General a fines de 2025. Argumentó que su hijo tuvo que dejar los estudios para dedicarse, siendo menor de edad, a realizar trabajos de chofer de larga distancia, lo que está prohibido por la ley 20051 que reprime el trabajo infantil.
Graves cargos
En una nueva y reciente presentación, la denunciante denunció omisiones, negligencia e inacción dentro del sistema de protección de niñez y adolescencia y cargó contra organismos estatales.
Tras la falta de respuestas, la denuncia sostiene que la Secretaría de Familia, institución de aplicación de la Ley 26.061 y de la normativa provincial de protección integral de derechos de menores, intervino en el caso otorgando medidas administrativas de cuidado provisorio. Sin embargo, asegura que el organismo nunca monitoreó ni garantizó el cumplimiento de las propias medidas que dispuso, lo que derivó -según afirma- en una situación de abandono institucional y falta de control.
Ante la gravedad de la situación y el riesgo actual del adolescente, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Dalmacio Mera, y el defensor de Niñez y Adolescencia, doctor Luis Tomassi, tomó intervención por medio de una solicitud formal de Palacios. El organismo solicitó informes al Juzgado de Familia Nº 3 para conocer el estado del expediente y las actuaciones que existieren.
El Juzgado de Familia Nº 3, a cargo de la jueza Celeste del Huerto Varela, emitió un informe en respuesta a pedido de la Defensoría del Pueblo. Según la denunciante, dicho informe omite información relevante vinculada a la intervención previa de la Secretaría de Familia. El documento solo menciona actuaciones judiciales y deja afuera actuaciones perjudiciales del organismo de aplicación lo que, según advierte, implica una omisión grave y mantiene el riesgo en el que continúa el adolescente.
La causa penal
En paralelo tramita una causa penal en la Fiscalía Penal Nº 6 de delitos contra la Administración Pública, a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat. En el expediente IPP 6083/2025 se investigan presuntos delitos cometidos por funcionarios de la Secretaría de Familia, entre ellos incumplimiento de los deberes de funcionario y negligencia en la intervención del equipo técnico que involucraría al asesor legal, doctor Iván Sotomayor; a Trabajadora Social Soledad Romero; a la Psicóloga María de los Ángeles Sánchez y, en su período de gestión, a la exsecretaría Dra. Ana María Caliva por presunta violencia vinculada a la falta de respuesta ante denuncias de vulneración de derechos y posibles irregularidades en informes socioambientales y sicológicos elaborados por profesionales del organismo.
Según indicó la madre, la causa penal fue archivada y luego desarchivada por el fiscal Barros Jorrat luego de que el caso tomara estado público, pese a que los hechos denunciados se remontan a 5 años atrás.
Indicó, asimismo, que existe riesgo que el caso quede sin resolución por la mayoría de edad. Palacios advirtió que su hijo tiene actualmente 17 años, con trabajo adolescente ilegal y deserción escolar y que, debido a las demoras y omisiones denunciadas, puede quedar en estado de vulnerabilidad y daños irreparables.
Por último, el Defensor del Pueblo, Dalmacio Mera habría autorizado al Defensor de Niños, Luis Tomassi, para que actúe y haga todo lo que esté a su alcance en la Secretaría y el juzgado.
