Los abogados Bruno Jerez y Diego Figueroa advirtieron que el plazo de 10 días otorgado por la Justicia es “imposible” de cumplir.
Los letrados brindaron una conferencia de prensa para dar detalles.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
4/12/2025 · 01:24 hs
Los abogados Bruno Jerez y Diego Figueroa advirtieron que el plazo de 10 días otorgado por la Justicia es “imposible” de cumplir dada la magnitud del expediente. Confirmaron además que, al no haber detenidos con prisión preventiva vigente en esta jurisdicción, la causa se paralizará durante la feria judicial de enero.
Tras la notificación de la elevación a juicio de la causa Adhemar Capital, las querellas representadas por los abogados Bruno Jerez y Diego Figueroa anticiparon que solicitarán una extensión de los plazos procesales.
Según explicó el abogado Bruno Jerez, el juez les ha dado: “10 días para que nosotros presentemos las pruebas que hagan a nuestra acusación”, tanto en el aspecto penal como en el reclamo civil. Sin embargo, la logística para abordar el material probatorio es compleja.
“Es imposible que 150 querellas, el Ministerio Público Fiscal y la parte de la defensa de los imputados se pueda llevar adelante el estudio del expediente en esos 10 días”, afirmó Jerez, destacando que se trata de días hábiles comunes.
La magnitud del caso es tal que el expediente cuenta con “más de 25.000 fojas” tras casi tres años de instrucción. Jerez detalló que, al visitar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal: “Nos pusieron a disposición todo el expediente, el cual es muy voluminoso; hay una sala específicamente diseñada para eso”.
Feria judicial
En la oportunidad, los letrados de las querellas manifestaron respecto a la feria judicial: “Al no haber detenidos, ustedes habrán visto que a todos se les levantó la prisión preventiva la causa va a ingresar en lo que se llama feria judicial, por lo cual en enero no la vamos a diligenciar”, explicó Jerez. Aunque Edgar Adhemar Bacchiani permanece detenido, el abogado aclaró que es: “Por la purga de la condena de Córdoba, no por la preventiva dictada acá en Catamarca”.
Debido a estas demoras y los recursos que puedan interponer las defensas, los querellantes estiman que el inicio efectivo del debate oral podría demorarse considerablemente. “Estimamos que el juicio se lleve adelante en el 2026”, proyectaron, reconociendo que las defensas tienen herramientas procesales que pueden frenar el avance.
Más allá de las condenas penales, que tienen una expectativa de pena de “3 años a 50 años” por delitos como intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, asociación ilícita y estafa, el foco de las querellas está puesto en el resarcimiento económico de las víctimas.
Figueroa y Jerez subrayaron que no solo buscan recuperar el capital invertido. “No solamente se debe el capital principal con el cual se inició la inversión, sino también la expectativa de las promesas de pago incumplidas”, señalaron, refiriéndose a los intereses y cuotas prometidas.
“Tenemos que probar el daño psicológico, daño moral”, indicó el abogado, citando ejemplos de personas que depositaron sueldos enteros y quedaron en cesación de pagos, sin poder cubrir siquiera sus tarjetas de crédito.
Finalmente, los abogados no dudaron en calificar el impacto social e institucional del caso. Jerez consideró que este proceso tiene: “Un tinte político muy importante porque ha desnudado algún sistema de crisis que tienen las instituciones a la hora de prevenir que hechos de esta magnitud se puedan desarrollar”.
