El bloque de los cuatro diputados libertarios presentó un proyecto que modifica la ley orgánica de las fuerza de seguridad provincial para que puedan usar armas no letales.
El bloque de los cuatro diputados de La Libertad Avanza (LLA)presentó un proyecto para modificar la Ley Orgánica de la Policía Provincial.
¿El objetivo? Habilitar el uso de “pistola de electroshock -conocidas popularmente como Taser- o cualquier uso de arma no letal en la fuerza de seguridad”. La iniciativa libertaria también invita a los municipios “a adherir y prestar consentimiento” y, a la vez, establece que el Ejecutivo “adoptará las previsiones presupuestarias necesarias”. Dicho de otra forma, propone que el Gobierno adquiera el armamento no letal.
En el proyecto, Adrián Brizuela, Verónica Vallejos, Analía Aguaisol y Jonathan Lencina remarcan que “es preferible un Estado que, ante la necesidad de ejercer violencia para preservar el bienestar, lo haga de manera controlada y no letal”. En este orden de ideas, destacan que “son incuestionables las ventajas de una Taser sobre un arma de fuego común”, puesto que “reduce drásticamente las lesiones a los sospechosos y aumenta notablemente la seguridad de los agentes y transeúntes”.
Si bien reconocen que “los riesgos existen”, consideran que las taser son “una herramienta pensada para reducir e inmovilizar”, algo que guarda “menos peligros que un arma de fuego, cuyo fin no es la reducción de un objetivo, sino su incapacitación permanente”. Apelando a la emotividad, dentro de la iniciativa rescatan un caso local con el objetivo de fundamentar la necesidad de proveer armas de electroshock: “Es conocido el caso en abril de 2022, en el que un cabo de la policía fue apuñalado cuando intentaba impedir un hecho de violencia doméstica. Por la herida sufrida, falleció a las pocas horas en el Hospital San Juan Bautista”.
“Pensemos todas las vidas de agentes de seguridad que podrían llegar a salvarse si estos contaran con pistolas de electroshock o Taser”, ponderan. De esta forma, el cuarteto del bloque violeta aclara que la eventual utilización del taser queda sujeta a una serie de condiciones, como la capacitación de los oficiales y su certificación para el uso de dichos dispositivos, así como la existencia de protocolos de actuación definidos.
Otra condición es la elaboración del registro de la utilización, constando en acta el hecho, el riesgo involucrado, el oficial actuante y la persona sobre la que se aplique. También sugiere la implementación de protocolos de actuación médica inmediata sobre las personas a quienes se apliquen los dispositivos. “El Gobierno de la Provincia no puede sustraerse de esta ‘ola de violencia’ que ya no es doméstica, sino social y debe tomar parte en acciones concretas de control y de seguimiento”, cierran.
