POLÍTICA
Por Redacción El Esquiu
22/4/2026 · 01:34 hs
“Queremos saber cuáles son las condiciones objetivas de estos contratos. Queremos saber quiénes son, cuánto van a cobrar y por qué entraron”. Así fundamentó el diputado libertario Federico Lencina un pedido de explicaciones al Gobierno, luego de que llegó a sus manos el Decreto 365 del Ministerio de Trabajo -fechado el 13 de este mes-, donde se les dio contrato de empleo público a unas 48 personas. “Quizás lo llamativo son los apellidos que aparecen, pero también hay personas de entre 18 y 19 años”, indicó el opositor.
Mediante un reel publicado en sus redes sociales, el también presidente del partido La Libertad Avanza a nivel local expuso el instrumento que lleva la firma de la ministra Verónica Soria y del gobernador Raúl Jalil. En una de las imágenes se lee: “El Gobernador de la provincia de Catamarca decreta: (…) autorizace al ministerio de Trabajo a celebrar contratos de empleo público con las personas que se detallan en el anexo para desempeñar funciones en los organismos dependientes del Ejecutivo, lo que tendrán vigencia a partir de la fecha de la suscripción y caducarán el 31 de diciembre”.
Un detalle al respecto: esas casi 50 personas superarán la antigüedad mínima de seis meses en la condición de contrato, paso previo para ser incorporados a planta permanente.
En el fragmento audiovisual, Lencina también expone el listado de personas beneficiarias y hace hincapié en los apellidos que aparecen. Con una imagen recortada, se enfocó en personas que llevan apellidos como Narváez y Navarro. Con otra captura, el opositor muestra que detectó en el listado a cinco beneficiarios de entre 18 y 19 años. “Con miles de precarizados que cobran miseria, mi pregunta es, ¿es necesario 48 más?”, indagó para chicanear: “Después los escuchás que la Nación no baja el recurso y toda la culpa es de Milei”.
Ahora bien, entre los puntos sobre los que Lencina solicita respuestas se encuentran “los criterios objetivos utilizados para la selección de las 48 personas contratadas, antecedentes laborales y/o experiencia vinculada a las funciones asignadas y si alguna de las contratadas posee vínculo previo con la Administración Pública”.
Además, indaga sobre “cuáles son las ‘reales necesidades de servicio’ que justifican cada una de las contrataciones”, si las funciones asignadas se corresponden con servicios esenciales o funciones técnicas/profesionales, conforme lo previsto en la Ley N° 5.928” y solicita que se envíe a la Legislatura tanto los contratos de empleo público como los informes que dieron origen a estos.
