El juez Fabián Lorenzini, a cargo del proceso de quiebra de Algodonera Avellaneda, ha dictado una resolución que implica la suspensión gradual y ordenada de las actividades de la empresa. Esta medida también se traduce en la extinción de los contratos de 243 trabajadores, quienes a partir de ahora se encuentran en situación de desempleo.
Los empleados tendrán la posibilidad de reclamar los sueldos e indemnizaciones pendientes, así como acceder a un fondo de desempleo, tras la decisión del magistrado que se produjo luego de la recomendación de la Sindicatura del caso. Esta recomendación se fundamenta en las significativas pérdidas económicas que enfrenta la compañía, lo que la convierte en una entidad inviable.
Las unidades de producción afectadas incluyen la hilandería de Reconquista, en Santa Fe, y las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. A pesar de la gravedad de la situación, desde la Justicia se ha aclarado que no se trata de un cierre definitivo. Los activos de la empresa están en venta y se mantendrán bajo un régimen de conservación para preservar su valor.
Para entender mejor el contexto financiero, se informó que la hilandería genera ingresos de aproximadamente $425 millones mensuales, mientras que los costos alcanzan los $1239 millones, resultando en un déficit que varía entre $565 y $815 millones cada mes, principalmente debido a los altos costos de energía. Además, la Empresa Provincial de la Energía ha exigido el pago de más de $4600 millones para evitar el corte del suministro.
El juez Lorenzini ha precisado que la intención de esta medida es detener la acumulación de pérdidas mientras se busca un potencial comprador para la empresa. Se concluirán los procesos productivos en curso, no se permitirá el ingreso de nueva materia prima y se llevará a cabo un cierre ordenado bajo la supervisión de la Sindicatura.
Fuente: La Nación











