Solicita pericias informáticas y testimoniales orientadas a desacreditar la autenticidad del material.
Abogado Luciano Rojas.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
30/5/2026 · 01:43 hs
Tras cumplirse el periodo de prueba en el marco de la etapa previa al juicio oral y público por el supuesto delito de cohecho pasivo agravado que tiene como imputados a los exjueces de la Cámara de Apelación y Exhorto de la provincia, Dres. Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá y a un tercer acusado de cohecho activo, Edgardo Jiménez, el abogado Luciano Rojas que representa la defensa del excamarista Morales presentó una amplia batería de medidas probatorias y cuestionó la validez del video clave en la causa. Además, solicitó una nueva investigación suplementaria.
El letrado presentó en la secretaría de la Cámara Criminal un extenso ofrecimiento probatorio en el que solicita nuevas medidas de investigación, pericias informáticas y testimoniales orientadas a desacreditar la autenticidad del material audiovisual incorporado al expediente.
Sobre este punto, el abogado Luciano Rojas puso el foco en el origen, preservación y cadena de custodia del video que dio origen a la investigación judicial que desencadenó en el año 2020 la renuncia de los exjueces.
Del amplio plexo probatorio, las medidas más relevantes que solicitó la defensa fue la práctica de una pericia informática integral sobre el archivo identificado como “VID-20200629-WA0000.mp4”, el cual habría sido recibido en una casilla oficial del Ministerio Público Fiscal el 29 de junio de 2020.
En ese sentido, el escrito solicita que la pericia sea realizada por Gendarmería Nacional, delegación Catamarca, y que se permita la intervención de un perito de control propuesto por la defensa, el técnico en informática y redes Leandro Suárez.
Cuestionamiento
Uno de los ejes principales que plantea la defensa de Morales apunta a determinar si el video puede considerarse auténtico e íntegro desde el punto de vista técnico.
Para ello, la defensa pidió que se informe: 1) si se utilizaron algoritmos HASH para garantizar la autenticidad del archivo; 2) si estos mecanismos cumplen con estándares internacionales del NIST; 3) si existió copia forense del material; 4) si se respetaron protocolos internacionales vinculados a la preservación y análisis de evidencia digital.
Asimismo, se requirió que los peritos expliquen si es posible validar un archivo audiovisual sin contar con el dispositivo original con el que supuestamente fue grabado.
Otro de los puntos centrales del escrito hace referencia a “inconsistencias técnicas” detectadas en el material audiovisual, particularmente “la falta de continuidad y la existencia de cortes o interrupciones” a lo largo de la grabación.
La defensa también pretende que se precise qué software utilizó Gendarmería Nacional para analizar el video y el archivo PDF incorporado a la causa, además de requerir detalles técnicos sobre el dispositivo presuntamente utilizado para realizar la filmación.
Líneas telefónicas y cuentas digitales
En paralelo, la defensa solicitó también una serie de medidas vinculadas a una línea telefónica terminada en 8437. Entre otras cuestiones se pidió que se identifique al titular de la línea, un informe sobre los registros de llamadas y mensajes en el periodo comprendido entre septiembre de 2019 y octubre de 2020; individualizar las antenas y celdas utilizadas; identificar el IMEI asociado y requerir informes a compañías telefónicas como Telecom, Movistar, Personal, Tuenti y Claro. En paralelo se solicitó también librar oficios a Google y Microsoft para determinar si esa línea fue utilizada para registrar o recuperar cuentas de correo electrónico, particularmente servicios Gmail y Hotmail/Outlook.
Nueva investigación suplementaria
Además del ofrecimiento de la prueba documental, Rojas propuso una lista de testigos vinculados al funcionamiento interno del Poder Judicial de la provincia y a la recepción del material audiovisual -video- que originó el expediente.
Entre los testigos figura el Dr. Sebastián Lípari -en el año 2020 se desempeñaba como jefe de la sala de Sumario de la Corte de Justicia- quien habría intervenido en relación al correo electrónico que contenía el video, y el comisario inspector Víctor Mena -en aquel momento a cargo de la División Ciberdelitos de la Policía de la provincia- quien realizó trabajos ligados a inteligencia criminal.
También fueron ofrecidos empleados y magistrados judiciales que podrían declarar sobre protocolos de acceso a despachos judiciales y sobre el tratamiento institucional que recibió el material incorporado al expediente.
Finalmente, la defensa solicitó que se incorpore al debate el acta de procedimiento y que se remitan copias certificadas de resoluciones y documentación administrativa vinculada al período investigado.
La causa investiga presuntos hechos de cohecho pasivo agravado atribuidos a los exjueces, en un expediente que tuvo fuerte repercusión institucional en Catamarca y cuyo núcleo probatorio gira alrededor del polémico video incorporado durante la etapa investigativa.
