La democracia, tras más de cuatro décadas de funcionamiento en el país, ha permitido a los ciudadanos elegir a sus gobernantes en libertad. Sin embargo, surge un cuestionamiento relevante: ¿qué responsabilidad tenemos los ciudadanos en los resultados de nuestras decisiones?
Es común atribuir la culpa exclusivamente a la dirigencia. Si bien es cierto que quienes ocupan cargos públicos tienen una mayor responsabilidad al manejar recursos del Estado, esto no explica por qué la corrupción se ha normalizado en diversos ámbitos de la sociedad. Recientemente, el Papa León XIV hizo hincapié en este problema durante su visita, recordándonos su gravedad al abordar el tema con atención y profundidad.
Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional, ha señalado la habitualidad con la que se tolera la corrupción, afirmando que los escándalos pueden ocurrir en cualquier nación, pero lo que marca la diferencia es la reacción de las instituciones y de la sociedad. En contextos donde no hay consecuencias y la impunidad se normaliza, la corrupción se convierte en un sistema arraigado.
Esto plantea interrogantes cruciales sobre la conducta de los ciudadanos: ¿por qué la corrupción rara vez influye en el voto? ¿Cómo es posible que dirigentes condenados sigan gozando de respaldo? ¿Qué mensaje se envía a los líderes cuando el costo político de la corrupción es mínimo?
El historiador Loris Zanatta destaca que en este país existe una cultura donde se difuminan las fronteras entre lo público y lo privado. El Estado es percibido no como un bien común, sino como un botín que diversos grupos explotan para su beneficio. Esta lógica social no solo involucra a los funcionarios corruptos, sino también a una sociedad que tolera privilegios y excepciones en lugar de exigir reglas equitativas para todos.
Una democracia refleja tanto las exigencias como las resignaciones de su sociedad. Los líderes emergen de este contexto y buscan la legitimidad de sus electores. La forma en que el poder opera en el país, a través de lazos patrimonialistas y corporativistas, contribuye a la institucionalización de la corrupción. La indignación hacia la corrupción suele depender más del autor que del acto en sí, generando una doble moral en la evaluación de las acciones de los dirigentes.
Es imperativo reconocer que la naturalización de esta contradicción tiene un alto costo. Ninguna nación puede construir instituciones sólidas si la honestidad pública no es un requisito para gobernar. El cambio de líderes o partidos no será suficiente si los ciudadanos no envían un mensaje claro desde las urnas: que la corrupción es inaceptable y debe ser castigada.
En este contexto, es esencial no repartir culpas de manera equitativa entre gobernantes y gobernados. La democracia es un reflejo de las dinámicas sociales, y tal vez ha llegado el momento de cuestionar la cómoda idea de ser siempre víctimas de decisiones ajenas. Si la corrupción ha coexistido con el respaldo electoral durante más de cuarenta años, la responsabilidad también recae en la sociedad misma.
Fuente: La Nación
