Casa Santa Rita: Formalizaron la denuncia contra intendente Gordillo
Concejales de Pomán avanzaron con los trámites judiciales contra el jefe comunal
9/6/2026 · 01:02 hs
Lo que había sido anunciado la semana pasada respecto a una denuncia en contra del intendente de Pomán, Francisco Gordillo, finalmente se efectivizó en la jornada de ayer por parte de los ediles.
Fue en la Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial de Andalgalá donde el presidente del Concejo Deliberante (CD), Walter Centeno y la concejal Maricel del Valle Quinteros se presentaron con el abogado Mariano Manzi y denunciaron a Gordillo, más al director de Coordinación y Despacho, Luis Salguero y al director de Tesorería General, Diego Quinteros por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y falsedad ideológica.
La denuncia penal es por la compra de una vivienda conocida “Casa Santa Rita” por la cual se pagaron 40.000 dólares, es decir más de 59 millones de pesos.
Según la denuncia, el 31 de diciembre del año 2024, el intendente Gordillo dictó el decreto Nº 157/24 en el cual daba cuenta de la “urgencia” para adquirir el inmueble ya que el vendedor debía viajar a Paris (Francia), por lo que no llamó a sesiones extraordinarias al CD y realizó la compra “ad referéndum” del CD.
Sin embargo y de acuerdo a la documentación oficial se pudo constatar que luego de emitir el decreto a fines de 2024; el Ejecutivo Municipal firmó el contra de cesión de derecho por un monto de US$ 40.000 el 24 de abril de 2025.
Pero, no fue hasta marzo de este año cuando se efectiviza el pago en pesos y recién el 22 de abril de este año la Casa Santa Rita se incorpora formalmente al patrimonio municipal mediante el Decreto N° 066/26.
“Entre la invocación de urgencia y el pago efectivo transcurrieron más de 14 meses, lo que demuestra que la supuesta premura solo resultó un pretexto falso para justificar la decisión unilateral del Intendente y evitar el control obligatorio del Concejo Deliberante”, detalla la denuncia.
Además, los legisladores advierten que el municipio solo adquirió la “cesión de derechos posesorios” y no el dominio pleno de la propiedad, asumiendo el riesgo de costear un futuro juicio de usucapión.
En la denuncia penal se indica que la Tesorería Municipal emitió un recibo oficial de egreso por la suma de $59.200.000 en efectivo, prescindiendo de cualquier tipo de transferencia bancaria. Los denunciantes alertan que esta maniobra transgrede abiertamente la Ley Nacional 25.345 (de limitación a las transacciones en efectivo), la Ley 25.246 de Lavado de Activos y las normativas vigentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA).
Por otra parte, se detectó una contradicción de extrema gravedad, ya que mientras que el contrato primario y la posterior escritura pública fijaban el precio en dólares estadounidenses y hacían expresa mención a una cuenta bancaria radicada en Francia, el municipio declaró un pago total en pesos en efectivo aplicando un tipo de cambio arbitrario de $1.480 por dólar sin ningún tipo de aprobación presupuestaria previa. Para las autoridades del Concejo, esto constituye un claro indicio de falsedad ideológica.
Finalmente, los denunciantes solicitan a la Justicia el secuestro de la documentación original de la transacción, la citación de los funcionarios a declaración indagatoria y la realización de pericias contables y financieras.
