Según los secretarios de sumarios de la Corte de Justicia. El magistrado negó haber incurrido en mal desempeño y acusó al sistema.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
12/3/2025 · 01:47 hs
Ayer dio inicio el juicio político por presunto retardo judicial contra el juez Miguel Ángel Aybar, quien está a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción con asiento en Belén. En la primera jornada, la defensa realizó dos planteos, el magistrado cuestionado declaró y desfilaron tres testigos.
Al margen de los planteos resueltos por el tribunal en el comienzo del debate oral y público, el testigo más importante fue Carlos Horacio Brizuela, secretario de sumarios de la Corte de Justicia, quien declaró que, cuando se llevó a cabo el relevamiento en el juzgado antes mencionado, había 455 causas con retraso judicial.
Esto fue confirmado por la testigo Débora Leschinsky, quien además agregó que en varias oportunidades llamó la atención de Aybar, ya que consideró que al no contar con los recursos humanos y edilicios adecuados, podría buscar alguna alternativa para mejorar la situación relacionada con los atrasos en los expedientes, hecho que no ocurrió.
Por su parte, del otro lado de la vereda lo hizo el testimonio del abogado Aguiar, que aseguró que tiene más de 65 causas en trámite en la ciudad de Belén. El letrado aseguró que el desempeño del juez Aybar siempre fue correcto y con celeridad, pero que no podía decir lo mismo de otras jurisdicciones, entre las que nombró a Tinogasta, donde posee más de 100 expedientes en trámites. También criticó el uso del Software LexDoctor, donde los abogados reciben las resoluciones, ya que “Tinogasta, no lo carga nunca y Andalagá parece que no sabe que existe”.
En este sentido, tras escuchar la acusación en su contra, el magistrado decidió hacer uso de su derecho a declarar y negó las acusaciones en su contra, a las que tildó de violar las garantías constitucionales del derecho a defensa.
Al mismo tiempo, Aybar justificó que, de las 455 causas que tenía al momento de hacer el relevamiento, resolvió cerca de 200. Al respecto, señaló que, pese a esto, no fueron tenidas en cuenta por la secretaría de sumarios de la Corte, que elevó el informe, sin darle chances de poder defenderse.
También, acusó al sistema de Justicia de la Provincia, ya que consideró que está a cargo de una jurisdicción multifueros, que además posee la competencia de los delitos relacionados con la violencia de género y cuenta con apenas 5 empleados y dos secretarias para 50 mil justiciales, a diferencia de la Primera Circunscripción Judicial, que posee 15 juzgados con competencias específicas: “Parece que la Corte no sabe que la población creció desde la creación del Juzgado, allá por la década del 90. No quiero pensar que hay una Justicia de primera para la Capital y una Justicia de segunda para el interior”.
Entre los planteos que presentó la defensa, ejercida por los abogados José Furque y Beatriz Monllau está, por un lado, la casación de la acusación por violar las garantías del derecho de defensa y, al mismo tiempo, solicitó la nulidad del Jury, debido a que estarían vencidos los plazos (70 días hábiles) hasta el inicio del debate.
Finalmente, el tribunal pasó a un cuarto intermedio el debate, para hoy a partir de las 9, con la declaración mediante videoconferencia de tres testigos desde la ciudad de Belén.
