Durante el juicio por un grave abuso sexual, el Ministerio Público sospecha que un jurado pudo influenciar.
El debate fue el pasado 22 de marzo. El jurado y el acusado se conocerían.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
16/4/2025 · 02:28 hs
El 22 de marzo pasado, un hombre a quien un jurado popular juzgó durante varias audiencias por el supuesto delito de abuso sexual doblemente agravado y abuso sexual simple agravado, podría ser nuevamente sometido a juicio. Es que la Fiscalía a cargo del fiscal Augusto Barros y la querella a cargo de la Dra. Saseta plantearon la nulidad del proceso, entendiendo que uno de los jurados pudo haber influenciado en la toma de la decisión al conocer al imputado. Situación que no habría manifestado en los procesos previos a la apertura del juicio, a pesar de que se le mencionó en las instrucciones iniciales que en cada juicio por jurado el Juez director les pregunta a los ciudadanos seleccionados si conocen o no al imputado.
En diálogo con este medio, el fiscal Barros aseguró que la presentación fue iniciada por la abogada querellante y desde el Ministerio se apoyó la misma al conocerse por intermedio de la madre y tía de las víctimas, respectivamente, que: “Un jurado conocía al imputado, que era su pareja al momento de ocurridos los abusos que denunció”.
Barros agregó: “Efectivamente, promediando el juicio, la madre y la víctima reconocieron dentro del panel de jurados a uno de ellos que podría haber tenido alguna influencia en el grupo. En principio puede ser conocido, es una provincia chica, pero el dato llamativo fue que al momento de que el señor juez director interroga sobre la ley general, sobre si alguien es amigo o enemigo conocido, nadie respondió en ese sentido. Posteriormente este representante del Ministerio Público hizo la consulta un poco más profunda: si había algún tipo de vinculación, estas cosas, por ejemplo, como nos ocurrió una vez donde marido y mujer estaban dentro de los potenciales jurados, si alguien conocía al imputado de forma directa y tampoco contestó nada”.
Barros explicó que: “Esto es lo que llama la atención y esto es lo que entendemos por una serie de circunstancias que se dieron en ese juicio – las mismas no fueron precisadas por el entrevistado- que podría haber existido una influencia y la introducción, como dice la ley, de materia impropia a la hora de la deliberación”.
En otras palabras, que al jurado se lo haya influido o llevado por el lado de evaluar situaciones que no tienen nada que ver con las pruebas producidas durante las audiencias. Es decir, de situaciones ajenas al juicio sobre las víctimas o su entorno.
En cuanto al veredicto de no culpabilidad con el que concluyó el debate popular, el fiscal señaló: “En principio, los veredictos absolutorios no son recurribles, excepto esto que plantea la ley 5719 -Ley de Juicio por Jurados popular – y por ello se ha planteado la casación. La planteó la querella y acompañada por este representante del Ministerio Público y es a los fines que se resuelva la nulidad del juicio y la realización de otro debate”, finalizó.
A partir de ahora se deberá esperar la resolución que tome la sala penal de la Corte de Justicia, cuando abra la audiencia de agravios y escuchar los argumentos de las partes.
De resolverse la nulidad del juicio, la oficina de la OGA deberá sortear un nuevo juez director del proceso, un nuevo jurado popular y luego fijar la fecha para el debate propiamente dicho.
Cabe destacar que el abogado defensor en este caso fue el Dr. Juan Pablo Morales, a quien el magistrado debe correr vista del planteo realizado por la querella y la fiscalía para que se exprese al respecto.
