Juicio Político en Marcha: Jueces en la Mira por el Caso de la Mansión de Pilar

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Se ha iniciado un proceso de juicio político contra los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes forman parte de la Cámara Federal de Casación Penal. Esta acción surge tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de remitir la causa de la mansión de Pilar a los tribunales de Comodoro Py, generando un fuerte cuestionamiento sobre la gestión de estos magistrados.

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, acusando a los jueces de haber incumplido sus funciones al permitir que el caso quedara en el juzgado de Campana, donde se considera que podrían haber favorecido a los imputados.

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La denuncia detalla cómo la Corte Suprema criticó abiertamente a ambos jueces, señalando que Barroetaveña desestimó los planteamientos del fiscal Mario Villar respecto a la competencia territorial. El fallo de la Corte establece que la decisión de la Casación representa una violación severa a las garantías constitucionales del juez natural.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, también se pronunció, indicando que la Casación mostró una falta de consistencia al aceptar quejas de la defensa en cuestiones previamente no revisables.

Talerico subrayó que no se trata de un simple debate interpretativo, sino de un desvío de poder intencionado para beneficiar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Además, hizo énfasis en la incompatibilidad orgánica de Barroetaveña, quien hasta diciembre de 2025 fue presidente del Tribunal de Disciplina y Ética de la AFA.

Por su parte, Borinsky enfrenta acusaciones de contradicciones en sus decisiones, pues cambió su criterio respecto a la admisibilidad de recursos a favor de los imputados y en detrimento del fiscal.

La investigación sobre la mansión de Pilar involucra a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y sugiere que el inmueble, valorado en más de 20 millones de dólares, podría haber sido adquirido con fondos desviados de la entidad. El bien está registrado a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes son considerados testaferros en este caso.

Fuente: NA

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