La investigación arrojó que habría más víctimas que estuvieron en la órbita del entorno del imputado.
martes, 13 de mayo de 202501:35
El pasado 11 de mayo se cumplió un mes de que el fiscal Miguel Mauvecín y el juez director Marcelo Soria denunciaron ante la Fiscalía General amenazas e intento de contacto por parte del entorno de un imputado, quien era juzgado por un jurado popular por el supuesto delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de sus hijos de cinco años de edad.
El debate terminó “estancado” y el veredicto podría, según algunas de las partes, haber estado viciado por las graves situaciones de “intimidación” que fueron denunciadas por al menos dos integrantes del jurado popular.
De acuerdo a la información oficial a la que tuvo acceso este diario, el fiscal de Instrucción N° 6, Facundo Barros Jorrat, elevaría en los próximos días un informe detallado sobre la investigación que llevó adelante a partir de las denuncias de los funcionarios judiciales a la Oficina de Gestión de Audiencia de juicio por jurado (O.G.A.), desde donde se continuará con los pasos a seguir de acuerdo a lo previsto por la ley de juicio por Jurados popular 5917.
En el informe se espera que el fiscal haga referencia también a la situación procesal de las personas denunciadas, lo que surgirá de la valoración de las pruebas que obran en el expediente.
Cabe señalar en este punto que los dos jurados denunciaron haber recibido llamadas telefónicas por parte de familiares y allegados del imputado, como así también “visitas” en sus domicilios, lo que llevó a colocarles una consigna policial, e identificaron a estas personas quienes declararon ante el fiscal Barros Jorrat.
En el caso de la hermana del imputado, tal como lo informó en forma exclusiva este diario, fue arrestada por el fiscal y luego de brindar la declaración pertinente recuperó la libertad con restricciones. La otra persona sindicada fue una vecina del imputado.
Voceros de la causa señalaron también que en la investigación el fiscal determinará quién o quiénes proporcionaron las identidades de los jurados, sus números telefónicos y sus domicilios a las personas que “amenazaron” y “contactaron” o “intentaron contactar” a los jurados.
Durante el procedimiento, la fiscalía secuestró los teléfonos celulares tanto de los jurados como así también de otras personas que estuvieron participando del debate popular.
De dicha visualización habría surgido que, además de los dos jurados que denunciaron ante el juez director haber sido víctimas de los contactos y amenazas por parte de los familiares y allegados del imputado, habría más jurados que no denunciaron tal situación.
Nuevo juicio
Por otra parte, cabe recordar que semanas atrás se realizó en la sala de la oficina de juicio por jurado el sorteo del juez director, resultando el Dr. Miguel Ángel Lozano.
Además se sortearon los 120 potenciales jurados y se fijó como fecha para la audiencia de admisión de evidencia para el 19 de agosto próximo, mientras que la selección de jurados y el inicio del debate están programados para el 15 de septiembre.
