Ayer a la mañana, fue trasladado a la Fiscalía General. Lo indagaron e imputaron por “amenazas simples” y lo regresaron a la comisaría.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
26/8/2025 · 00:54 hs
La Justicia de Catamarca avanzó en la investigación por las amenazas a los fiscales Augusto Barros y Paola González Pinto, así como a una testigo clave en el juicio por el crimen de Marcelino Pachado.
Ayer a la mañana, alrededor de las 10.30, fue trasladado a la sede de Fiscalía General, donde la fiscal de instrucción n° 1 del distrito sur, Jésica Miranda, tomó declaración indagatoria a Braian Galván, el hombre detenido por el hecho, quien se abstuvo de prestar declaración por recomendación de su abogado, en este caso, el defensor.
Vale destacar que Galván está imputado por el delito de “amenazas simples” y durante la audiencia estuvo asistido por el defensor oficial n° 6. Por su parte, la fiscal solicitó la planilla de antecedentes del acusado para avanzar con el proceso.
Es decir, como el delito prevé una pena en abstracto que podría culminar hipotéticamente en una condena en suspenso, la Justicia podría excarcelarlo hasta tanto se realice el juicio. Esta tipificación establece una condena que va de seis meses a dos años de prisión.
En caso de no poseer antecedentes penales computables y, teniendo en cuenta que las condenas de menos de tres años y medio deben, en su mayoría, aplicarse de forma condicional (sin privación de la libertad) podría en las próximas horas recuperar su libertad, explicaron las fuentes judiciales consultadas.
Detención
El imputado había sido detenido el pasado viernes, luego de que la fiscal Miranda iniciara una actuación de oficio tras la difusión de mensajes intimidatorios en redes sociales (Facebook).
En el marco de la causa, se ordenó el resguardo de la cuenta desde la que se emitieron las amenazas y el secuestro de teléfonos celulares vinculados a la investigación.
Las medidas adoptadas buscaron garantizar la seguridad de los actores judiciales y testigos, preservando su integridad.
Repudio generalizado
Luego de que el caso tomó estado público, las amenazas a los fiscales generaron un amplio repudio en el ámbito judicial y social.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca expresó su “enérgico repudio y preocupación” ante el hecho, calificando de “inadmisible” que quienes representan a la sociedad en los procesos judiciales sean objeto de actos intimidatorios.
La entidad manifestó su “solidario acompañamiento” a los fiscales y reafirmó que “ninguna amenaza ni acto de violencia puede condicionar la independencia ni el compromiso de los operadores judiciales”.
Por su parte, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina también expresó su solidaridad con el fiscal Augusto Barros, quien se ha desempeñado en causas de abusos eclesiásticos.
La organización expresó: “Repudiamos enérgicamente esta amenaza” y, acto seguido, solicitó la protección de su seguridad y la de su familia.
Condenados
El detonante que generó las amenazas inició luego de la condena a prisión perpetua para Marcelo Barros y su hijo Cristian Barros por el crimen de Marcelino Pachado.
La investigación del caso, que estuvo a cargo de la Fiscalía y la Policía Judicial, determinó que el hecho sucedió el 7 de febrero de 2017 en el domicilio de la familia Barros, en el barrio Montecristo.
Según la investigación, Pachado fue atacado con puños y elementos contundentes, aprovechándose que se encontraba en estado de ebriedad y sin posibilidad de defenderse. Posteriormente, fue envuelto en una sábana y abandonado en la vera del Río del Valle.
Murió el 15 de febrero de 2017 a causa de las lesiones sufridas.
Mensajes intimidatorios
Es necesario resaltar que, tras la publicación en medios periodísticos sobre la actuación de la Justicia (condena), un supuesto familiar, identificado con el nombre antes mencionado, usó la red social Facebook, donde comentó la noticia y manifestó: “Hay que matalo (sic) al fiscal… si lo veo de frente lo mato te juro pordio (sic) que se cuide ese fical de mierda…”.
