19/6/2026 · 01:40 hs
“Ficha Limpia Familiar”. Así tituló el diputado Javier Galán (MID) un proyecto de ley con el que busca que funcionarios públicos de los tres poderes (desde el Gobernador y el Vice, pasando por ministros, legisladores, magistrados, personal de gabinete, planta política y autoridades de empresas estatales) realicen una declaración jurada informando si tienen familiares dentro de la estructura estatal. Esto va tanto en lazos por consanguinidad (padre/madre, hermanos/as, abuelos/as, tíos/as y sobrinos/as) como por afinidad (cónyuge, suegros, cuñados) hasta el cuarto grado inclusive.
El legislador defiende su iniciativa argumentando que “la integridad pública exige no solo la existencia de controles sobre el manejo de los recursos, sino también mecanismos que permitan prevenir situaciones que puedan afectar la imparcialidad en la toma de decisiones, generar conflictos de interés o favorecer prácticas de nepotismo”.
En los fundamentos de la propuesta, Galán aclara que tener familiares en el Estado no constituye una irregularidad en sí misma, reconociendo el mérito de quienes ingresaron legítimamente por concurso o antigüedad. Sin embargo, se remarca que la ciudadanía tiene derecho a saber cuándo el ingreso ocurre en simultáneo con el ejercicio de funciones públicas. “La transparencia no implica sospecha ni condena previa, implica información”, alega.
Para instrumentar el control, el diputado sugiere que el dato central de la declaración jurada sea de carácter temporal: cada funcionario debería precisar si el ingreso de su pariente ocurrió antes o después de su propia llegada a la función pública. Esa información iría a un Registro Público Provincial de Vínculos Familiares de acceso digital, gratuito y permanente. A su vez, se obligará a cada organismo a publicar anualmente un “Organigrama de Vínculos Familiares” mediante mapas de relaciones y cuadros interactivos para que la información sea visualmente comprensible para los ciudadanos.
Además, Galán propone crear, como ámbito de control, una Comisión Bicameral integrada por tres diputados y tres senadores y cuya presidencia corresponderá de manera permanente a un legislador del bloque de la oposición con mayor representación parlamentaria. Por último, el régimen penaliza la omisión o falsedad de los datos calificándola como “falta grave” y prevé sanciones como multas hasta la inhabilitación para ejercer cargos políticos.
