Un estudio de la UBA reflejó el impacto de las medidas no arancelarias para agroalimentos argentinos en países asiáticos.
La Argentina se pierde el ingreso de US$600 millones al año en exportaciones agroalimentarias a causa de restricciones de algunos países del Sudeste Asiático, de acuerdo a un análisis elaborado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).
La limitación en el ingreso de agroalimentos argentinos, tales como la carne vacuna y la harina de soja, a distintos países asiáticos tiene que ver con el crecimiento en las últimas décadas de medidas no arancelarias para proteger los mercados locales.
El investigador de la cátedra de Economía General de la FAUBA, Luciano Cristofaro, reveló que: “Indonesia, Malasia y Vietnam son grandes importadores de agroalimentos argentinos y, al incrementar sus medidas no arancelarias, nuestras exportaciones bajaron”.
El estudio reflejó que cerca del 60% de la población de Malasia consume carne halal, una certificación que asegura el respeto a los estándares y principios islámicos y exige que las instalaciones de cría y faena se dediquen exclusivamente a producción halal.
Al respecto, Cristofaro precisó que “la Argentina presentó una preocupación comercial ante la Organización Mundial del Comercio porque esta medida acota ingresos por casi US$90 millones anuales”.
Al mismo tiempo, detalló que “Indonesia impide importaciones de carne vacuna argentina alegando razones sanitarias”, indicando que: «Nos exige carne libre de fiebre aftosa durante 12 meses y sin vacunación durante tres años previos al envío, lo que es incompatible con las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal lo que deriva en que, por este motivo, dejamos de exportar carne por un valor mayor a US$200 millones por año”.
Por otro lado, el análisis puntualizó que “Vietnam, un comprador clave de harina de soja, exige etiquetados, pruebas de laboratorio y certificaciones difíciles de cumplir para nuestros exportadores”, por lo que “esta barrera comercial para la Argentina implica relegar US$300 millones al año”.
De esta manera, al sumar los ingresos que se pierden por las restricciones de cada país, el monto asciende a US$600 millones anuales. Al referirse a las gestiones que deben prosperar para recuperar estos mercados, Cristofaro aseguró: «Para abordar la certificación halal de Malasia debemos informar bien al productor sobre esta preferencia de consumo”.
Continuando en esa línea, agregó: «El caso de Indonesia requiere intervención gubernamental, un acuerdo entre ambos países para facilitar el comercio de carnes, mientras que, si hablamos de Vietnam, tenemos que informar a los productores y promover un etiquetado adecuado”.
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