Una intensa polémica política y judicial se ha desatado en la provincia de Tierra del Fuego, involucrando a la Cámara de Diputados de la Nación. El legislador nacional Jorge Neri Araujo Hernández ha presentado un proyecto de resolución para la creación de una Subcomisión Especial Investigadora, con el objetivo de esclarecer diversas denuncias sobre presuntas irregularidades en la auditoría y facturación de prestaciones médicas financiadas por el PAMI en la región.
La iniciativa, registrada bajo el expediente Nº 3463-D-2026, cuenta con el respaldo de más de una docena de legisladores opositores y se enfoca en la gestión del organismo local, dirigido por Alberto Belmar, familiar del diputado libertario Santiago Pauli.
LA SOMBRA DEL NEPOTISMO Y PRESTACIONES BAJO LA LUPA
Este caso ha cobrado relevancia mediática y política debido a múltiples denuncias que apuntan a una crisis sistemática en las prestaciones desde principios de 2025. Los denunciantes han expuesto varios puntos críticos:
Sombra nepotista: Se cuestiona la designación de Belmar como líder del PAMI, señalando que fue influenciado por su sobrino, el diputado oficialista Santiago Pauli. Belmar, de 60 años, es conocido en la comunidad como referente evangélico, pero carece de experiencia en la administración de la salud pública, habiendo vendido pizzas caseras en 2020.Facturación irregular: Se ha solicitado auditar la trazabilidad de las prestaciones médicas que se han cobrado al organismo sin haberse realizado efectivamente.Derivación judicial: La situación ha llevado a la renuncia del médico prestador Dr. Camacho en Río Grande, quien ha presentado una denuncia formal ante la Justicia Federal al detectar anomalías en el circuito de atención.
“EL SILENCIO NO ES UNA OPCIÓN”
Al justificar su iniciativa, Araujo enfatizó que el Congreso tiene la responsabilidad constitucional de actuar ante la sospecha sobre la administración de fondos públicos destinados a la salud de sectores vulnerables.
“Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación de actuar. Si el Gobierno exige un esfuerzo extraordinario a la sociedad, ese mismo rigor debe aplicarse al control de los recursos de nuestros jubilados. Frente a hechos de esta gravedad, el silencio no es una opción”, afirmó el diputado fueguino.
Si se aprueba la creación de la subcomisión, el cuerpo parlamentario podrá solicitar expedientes técnicos, requerir auditorías contables e invitar a declarar a funcionarios y auditores del PAMI, con el fin de esclarecer las responsabilidades administrativas y operativas relacionadas con el caso.
Fuente: NA
