La Libertad Avanza intentará reunir el quórum para tratar el proyecto de propiedad privada y una tanda de 36 pliegos judiciales, entre ellos el del camarista Víctor Pesino
16/7/2026 · 07:54 hs
El Senado buscará sesionar este jueves al mediodía para tratar el proyecto de propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional, que propone, entre otros cambios, eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. La agenda también incluye el tratamiento de 36 pliegos judiciales, entre ellos el del camarista laboral Víctor Pesino.
Si bien La Libertad Avanza y bloques dialoguistas acordaron avanzar con la sesión la semana pasada, hasta el miércoles persistían dudas sobre la asistencia de algunos senadores, ya que varias provincias iniciaron el receso invernal antes que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Pese a ese escenario, en el oficialismo confiaban en alcanzar el número necesario para habilitar el debate, aunque reconocían que algunos artículos del proyecto sobre la compra de tierras por extranjeros podrían generar diferencias durante la votación.
Compra de tierras por extranjeros
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, sufrió modificaciones durante su tratamiento en comisión. Entre los cambios, se eliminó el capítulo referido a la Ley de Barrios Populares y se reformularon los apartados vinculados con la extranjerización de tierras, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego.
Uno de los puntos centrales del proyecto elimina los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y establece que las provincias deberán autorizar esas operaciones.
Al mismo tiempo, mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera compren tierras rurales, salvo que cuenten con la autorización de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
En el caso de inmuebles ubicados en zonas de frontera, también será necesaria la intervención de las autoridades nacionales y provinciales. Además, el dictamen incorpora el principio de silencio administrativo: si transcurren 180 días sin objeciones de los organismos competentes, la autorización se considerará concedida.
Cambios en los desalojos
El proyecto también introduce modificaciones en los procesos de desalojo.
Para los casos de inmuebles usurpados o con ocupantes precarios, habilita un procedimiento abreviado que permitirá al juez ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando el derecho invocado resulte verosímil y el demandante presente una caución juratoria.
Asimismo, el magistrado podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas si el propietario acredita documentalmente su titularidad.
En los conflictos por falta de pago del alquiler, el propietario deberá enviar previamente una carta documento y otorgar al inquilino un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar el proceso de desalojo, cuya ejecución se prevé en un plazo de diez días hábiles.
La iniciativa también dispone que el propietario no podrá rechazar la devolución de las llaves, aunque conservará el derecho a reclamar deudas pendientes por otras vías.
En los casos en que haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y al Ministerio Público Tutelar para garantizar una solución habitacional transitoria, sin suspender el trámite judicial.
Pliegos judiciales
Otro de los temas centrales de la sesión será el tratamiento de 36 pliegos judiciales.
Entre ellos figura la prórroga por cinco años del mandato del camarista de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino, cuyo caso reviste especial urgencia porque cumplirá 75 años el próximo 27 de julio, edad a partir de la cual necesita acuerdo del Senado para continuar en funciones.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Pesino presentó un recurso de amparo para permanecer en el cargo ante la posibilidad de que el Senado no trate su pliego antes de esa fecha.
La nómina también incluye la designación de Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, para un juzgado federal de Lomas de Zamora.
De aprobarse todos los pliegos, el Gobierno avanzará en la cobertura de 110 cargos judiciales en los últimos meses, sobre un total cercano a 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.
