El Senado de la Nación ha aprobado un proyecto de ley que establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, el cual será enviado a la Cámara de Diputados para su consideración. Este proyecto eleva las cuotas de corte en un régimen de transición que se extenderá hasta 2036, fecha en la que se espera liberar la competencia en el mercado.
La votación, que resultó en 41 votos a favor y 25 en contra, ha evidenciado una división transversal entre los legisladores. El objetivo principal de esta normativa es incentivar las inversiones, consolidar la seguridad energética y facilitar una transición hacia un mercado más competitivo y ambientalmente sostenible. Sin embargo, ha generado críticas significativas, especialmente entre los representantes de las provincias de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires.
Los opositores al proyecto han señalado que las regulaciones propuestas perjudican a los pequeños productores, advirtiendo que la concentración del mercado podría beneficiar a grandes empresas, particularmente a las aceiteras de Santa Fe y Córdoba. Para mitigar estos cuestionamientos, se realizaron modificaciones de último momento en el texto.
El proyecto declara de interés público la fabricación, almacenamiento, mezcla, comercialización y autoconsumo de biocombustibles a nivel nacional. Incluye un aumento obligatorio y escalonado en los porcentajes de mezcla con combustibles fósiles. Por ejemplo, la norma establece un corte mínimo inicial del 7,5% de biodiesel en gasoil, que aumentará al 10% tras un año. En el caso de las naftas, se fija un corte inicial del 12% de bioetanol, que ascenderá al 15% en el mismo período.
Flavia Royón, senadora y presidenta de la Comisión de Minería, defendió el proyecto, afirmando que se trata de un nuevo marco regulatorio que busca crear una política a largo plazo combinando previsibilidad y competencia. En contraposición, Daniel Bensusán, senador de La Pampa, criticó severamente la iniciativa, argumentando que no beneficiará a los productores locales y podría cerrar pymes en el interior del país.
Además de las cuotas, el proyecto incluye mecanismos para asegurar la libre formación de precios y evitar distorsiones en el mercado, concentrando la comercialización en un Mercado Electrónico que operará de manera independiente. En el ámbito tributario, los biocombustibles serán exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, gravándose únicamente el componente fósil de la mezcla final.
Entre los cambios introducidos se incluyen definiciones para distinguir entre empresas integradas y no integradas en la cadena productiva, así como medidas para prevenir la concentración económica. La norma estipula que ninguna empresa podrá adjudicarse más del 10% del biodiesel comercializado anualmente.
Finalmente, la ley instruye a la autoridad de aplicación a establecer regiones geográficas de negociación con un límite del 20% del volumen anual, buscando optimizar la logística y proteger las cadenas de valor agroindustriales del interior del país.
Fuente: La Nación
