El fiscal Ricardo Córdoba Andeatta lo imputó por el delito de lesiones leves. Fue llamado por simple citación.
La víctima manifestó en la denuncia que el sujeto la dejó inconsciente.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
11/5/2026 · 00:00 hs
El Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación del grave hecho de violencia de género protagonizado por un efectivo policial en el departamento Valle Viejo. Tras la denuncia y la recolección de los primeros elementos de prueba, se confirmó que el próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia de indagatoria para el uniformado acusado de agredir ferozmente a su pareja, a quien dejó inconsciente para luego retirarse a cumplir con su jornada laboral.
El caso ha generado una fuerte indignación debido a la condición de miembro de la fuerza de seguridad del agresor y a la frialdad con la que habría actuado tras el ataque.
Según informaron fuentes judiciales, los hechos que motivaron esta decisión ocurrieron en una vivienda de la localidad de San Isidro, donde el policía habría mantenido una violenta discusión con su pareja.
En medio del altercado, aparentemente, el sujeto descargó una agresión física de tal magnitud que la mujer perdió el conocimiento, quedando tendida en el interior del inmueble sin recibir asistencia inmediata.
Lo más alarmante del relato recabado por los investigadores al momento de la denuncia de la víctima es que, lejos de auxiliar a la mujer ante su estado de vulnerabilidad, el hombre se retiró del domicilio para cumplir con su turno laboral en la fuerza.
Tras recuperar el conocimiento y recibir asistencia, la mujer pudo relatar el calvario vivido, lo que activó de inmediato los protocolos de actuación para casos de violencia familiar y de género. La causa recayó en la Fiscalía de Instrucción en turno, desde donde se ordenaron las medidas de rigor, incluyendo el examen médico de la damnificada para constatar la gravedad de las lesiones.
En este punto, es importante destacar que el examen médico fue realizado por las médicas de la Unidad Judicial de Violencia de Género, organismo que depende orgánicamente del Poder Judicial. Estos informes periciales resultaron determinantes para la calificación provisoria del hecho y para definir el estatus procesal del imputado de cara a la audiencia del miércoles.
A pesar de la brutalidad del ataque descrito en la denuncia, se conoció que el efectivo policial comparecerá ante la Justicia bajo la modalidad de simple citación.
Esto significa que el acusado se encuentra actualmente en libertad y no se ha ordenado su detención preventiva.
Esta situación procesal se explica a través de los lineamientos establecidos en el Código Procesal Penal, los cuales rigen las medidas de coerción según la escala penal de los delitos imputados.
La razón técnica por la que el agresor permanece en libertad responde a que la imputación actual es por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo.
Según la normativa vigente, este tipo de delitos contempla penas que, en principio, son excarcelables, lo que faculta a la Justicia a mantener al imputado en libertad mientras dure el proceso, siempre que no existan riesgos procesales evidentes.
Al no tratarse de una figura que amerite una detención obligatoria inmediata bajo esta calificación específica, el fiscal ha optado por avanzar mediante la citación formal.
Este encuadre legal de “lesiones leves” suele aplicarse cuando las heridas sufridas por la víctima tienen un tiempo estimado de curación o de incapacidad para el trabajo menor a treinta días.
En la práctica judicial, aunque el acto de dejar a una persona inconsciente revista una gravedad física extrema, la categorización médica de las lesiones es la que termina definiendo si el sospechoso aguarda el juicio tras las rejas o en su domicilio.
A diferencia de otros casos donde interviene la sanidad policial, en esta oportunidad la evaluación recayó directamente en las profesionales de la Unidad Judicial de Violencia de Género del Poder Judicial, mientras que la pericia médica judicial definitiva podría ser ratificada luego por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).
No obstante, esto no exime al policía de enfrentar las consecuencias penales y administrativas que correspondan por su conducta.
La audiencia del miércoles será importante para que el acusado conozca formalmente los cargos en su contra y tenga la oportunidad de brindar su versión de los hechos o abstenerse de declarar.
Durante este acto defensivo, se espera que el fiscal a cargo de la causa le imponga también una serie de restricciones de rigor.
Estas medidas suelen incluir la prohibición de acercamiento a la víctima y a su domicilio, así como el cese de cualquier tipo de contacto, ya sea físico o por medios digitales, bajo apercibimiento de detención inmediata en caso de incumplimiento.
En paralelo al proceso judicial, la situación del efectivo también ha sido informada a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia.
Desde este organismo se ha iniciado un sumario administrativo para determinar la responsabilidad institucional del agente.
Generalmente, en casos de esta índole, se procede al pase a disponibilidad del efectivo y al retiro del arma reglamentaria, buscando garantizar que el ejercicio de su función no interfiera con el desarrollo de la investigación ni ponga en mayor riesgo a la damnificada.
Hasta el momento, organizaciones de defensa de los derechos de la mujer no se han manifestado por el mensaje que podría enviar la falta de detención en hechos donde la víctima queda en un estado de indefensión tan absoluto como la pérdida del conocimiento o cuestionando si la calificación de lesiones leves es suficiente para cubrir la peligrosidad del ataque.
Finalmente, se conoció que, la Fiscalía continuará recopilando testimonios de vecinos o allegados que pudieran haber presenciado o escuchado el altercado, así como también analizando posibles antecedentes de violencia en la pareja.
Los elementos podrían, en un futuro, permitir un cambio en la calificación legal, en caso de detectar patrones de conducta que sugieran un mayor riesgo de vida.
