El Gobierno argentino busca avanzar en la aprobación del proyecto conocido como Súper RIGI sin realizar modificaciones, a pesar de que el bloque de La Libertad Avanza no cuenta con los votos necesarios para imponer su versión. Patricia Bullrich, líder del bloque, ha iniciado conversaciones con bloques aliados para evitar que la iniciativa se bloquee nuevamente en el Senado.
Esta situación resalta una de las principales dificultades del oficialismo: aunque el Gobierno pretende avanzar con esta propuesta económica clave, su bancada reconoce que no tiene la fuerza suficiente para aprobarla sin ceder en algunos aspectos.
En este contexto, Bullrich ha aceptado modificaciones solicitadas por la UCR, el PRO y otros bloques provinciales, enfocándose en dos temas críticos: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético para los grandes centros de datos relacionados con la inteligencia artificial.
La negociación ha generado tensiones dentro del oficialismo, dado que el equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, no fue consultado sobre las modificaciones y se enteró de ellas solo después de que se hicieron públicas.
A pesar de las diferencias, el Gobierno ha manifestado su rechazo a algunas de las reformas acordadas, especialmente a la exigencia de que las nuevas industrias electrointensivas, incluidos los mega centros de datos, implementen sistemas de generación eléctrica propios para no sobrecargar las redes provinciales.
En palabras de Bullrich, «Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes», lo que refleja la realidad de poder en el Senado.
El Súper RIGI es una de las apuestas del Gobierno para atraer inversiones de grandes empresas tecnológicas y nuevas industrias vinculadas a la inteligencia artificial, ofreciendo un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios significativos. El reto es conseguir que estos incentivos sean aprobados sin que los bloques aliados sientan que se está descuidando la industria nacional.
Uno de los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar es el de especificar que los planes de inversión deben incluir un compromiso de contratar proveedores locales por un mínimo del 20% del total, siempre que haya oferta nacional que cumpla con las condiciones de precio y calidad.
Los bloques aliados, sin embargo, insisten en que esta protección debe limitarse a bienes producidos en el país. Durante una reciente reunión, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, enfatizó la necesidad de que el 20% se refiera a bienes nacionales, advirtiendo que la industria compite en un entorno global.
El otro punto conflictivo se relaciona con los inversores «electrodependientes». Los bloques provinciales exigen que los grandes proyectos que consumen grandes cantidades de energía, como los centros de datos, desarrollen su propia capacidad de generación para no sobrecargar las redes existentes. Esta preocupación es tanto política como económica, ya que los gobernadores quieren asegurar que la infraestructura necesaria sea sostenible.
El Gobierno, por su parte, teme que imponer demasiadas condiciones pueda restarle atractivo al régimen y desincentivar las inversiones que busca atraer.
Los cambios que se introduzcan en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados obligarán a que este vuelva a ser revisado por dicho cuerpo. Por lo tanto, no está claro si el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión y Legislación General, que se reunirán próximamente, podrá emitir el dictamen necesario para llevar el proyecto al recinto el 10 de septiembre.
El Súper RIGI propone un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones, incluyendo beneficios como la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, certificados de crédito fiscal y la exención de derechos de importación.
Fuente: NA
