La norma actualiza el régimen vigente, ratifica a los glaciares como bienes públicos y refuerza las restricciones sobre actividades en zonas sensibles.
NACIONALES
Por Redacción El Esquiu
24/4/2026 · 07:53 hs
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.804, que introduce modificaciones al régimen de protección de glaciares y periglacial, con el objetivo de fortalecer su preservación como reservas estratégicas de agua y ordenar los mecanismos de control ambiental en todo el país.
La oficialización se concretó a través del Decreto 271/2026, firmado por el presidente Javier Milei, a dos semanas de su sanción en Diputados. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y ya se encuentra en vigencia.
La ley actualiza la normativa establecida por la Ley 26.639 y ratifica que los glaciares constituyen bienes de carácter público, esenciales para el consumo humano, la producción agrícola, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo. Además, refuerza su rol como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
Entre los puntos centrales, se destaca la consolidación del Inventario Nacional de Glaciares, que seguirá bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Este registro será de consulta obligatoria para las autoridades y permitirá identificar, monitorear y proteger las masas de hielo y geoformas periglaciales en todo el territorio.
La normativa también incorpora el principio precautorio, que establece que todos los glaciares incluidos en el inventario deberán considerarse protegidos hasta que estudios técnico-científicos determinen lo contrario.
En cuanto a las actividades permitidas, se mantienen las restricciones sobre aquellas que puedan alterar de manera significativa el ambiente glaciar. Entre ellas, la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y la liberación de contaminantes. Asimismo, cualquier intervención deberá someterse a evaluaciones de impacto ambiental con participación ciudadana, salvo excepciones puntuales como actividades científicas de bajo impacto o situaciones de emergencia.
La ley reafirma además el rol de las provincias como autoridades de aplicación en sus territorios, en línea con la Constitución Nacional, aunque bajo el marco de los presupuestos mínimos fijados a nivel nacional.
