La iniciativa busca modificar el régimen vigente y sumar sanciones para empresas, personas y proveedores vinculados con actividades no autorizadas en las Islas. Las principales medidas de la propuesta enviada al Congreso.
17/9/2026 · 08:25 hs
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía el régimen de sanciones para las personas y empresas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados durante las primeras horas de este jueves y fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía).
La iniciativa fue anunciada por Milei el 3 de septiembre, después de que el Gobierno cuestionara el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas de las islas. El Ejecutivo había anticipado que buscaría modificar el régimen vigente para ampliar las sanciones a empresas, accionistas, directores y proveedores vinculados con actividades no autorizadas.
El texto busca reemplazar el esquema establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011 y centrado principalmente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el área en disputa.
El nuevo régimen ampliaría la responsabilidad a toda la cadena vinculada con una eventual explotación no autorizada, incluyendo operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría que resulten esenciales para el desarrollo de esas actividades.
Además, el proyecto contempla un período de entre 30 y 180 días para que las empresas alcanzadas por las sanciones puedan cesar sus actividades, con posibilidad de prórroga en determinadas circunstancias.
También crea un Régimen de Desistimiento y Regularización, mediante el cual quienes abandonen las prácticas cuestionadas podrían acceder a mecanismos de regularización bajo determinadas condiciones.
Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto no se limita a Malvinas. Uno de sus capítulos centrales propone crear un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, bajo la conducción del Poder Ejecutivo.
El Consejo estaría integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
Entre sus funciones estaría la elaboración de una Política de Seguridad Nacional y la coordinación de áreas vinculadas con defensa, inteligencia, política exterior, economía, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.
La iniciativa también modifica aspectos de la Ley de Defensa Nacional y amplía el concepto de amenazas externas para incluir actores estatales y no estatales.
Además, establece un régimen para identificar y proteger infraestructuras críticas de interés nacional, consideradas indispensables para servicios esenciales, la economía, la defensa y el funcionamiento del Estado.
El proyecto incorpora también un marco para la protección aeroespacial y marítima.
En materia aérea, establece procedimientos para identificar e interceptar aeronaves que incumplan las reglas de vuelo o desobedezcan órdenes de las autoridades. En el ámbito marítimo, contempla advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de embarcaciones.
El hundimiento quedaría reservado a una situación militar excepcional frente a un buque considerado hostil y requeriría autorización presidencial, según el texto informado sobre la iniciativa.
Multas y restricciones ante amenazas externas
Otro capítulo crea un régimen de sanciones para personas y entidades vinculadas con Estados u organizaciones extranjeras cuando sus actividades sean consideradas amenazas para la seguridad nacional.
Entre las medidas previstas aparecen multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para operar en determinados sectores estratégicos.
Ante un riesgo grave e inminente, el proyecto contempla que puedan establecerse restricciones temporales sobre operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones, además del bloqueo de fondos y la suspensión de permisos.
También se prevé la posibilidad de elevar hasta un 75% los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado.
RePET y bloqueo de bienes
Otro de los cambios previstos es otorgar rango legal al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
El proyecto plantea ubicarlo bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF) y contempla que la inclusión en el registro pueda derivar en la inmovilización de bienes y restricciones sobre operaciones, con intervención judicial.
