Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez expondrán desde las 10 sobre los fondos previstos para las universidades nacionales. El proyecto oficial contempla $7,3 billones, mientras que las instituciones reclaman $11 billones.
20/10/2026 · 07:32 hs
El Gobierno defenderá este martes su política universitaria en la Cámara de Diputados, en medio de la disputa por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Desde las 10, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expondrán ante la comisión de Presupuesto 2027 sobre los fondos previstos para las universidades nacionales.
La presentación se realizará tras la multitudinaria marcha universitaria frente al Congreso, que terminó con incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes. El debate estará atravesado por las diferencias entre el Gobierno y las instituciones académicas sobre los recursos necesarios para sostener el funcionamiento del sistema universitario.
El proyecto oficial contempla destinar 7,3 billones de pesos a las universidades nacionales, mientras que las instituciones reclaman 11 billones.
Álvarez sostiene que el Poder Ejecutivo actuó conforme a la normativa vigente y argumenta que la ley de financiamiento no puede ejecutarse sin las partidas presupuestarias correspondientes. También señaló que el Gobierno cumplió con una medida cautelar, aunque la causa judicial continúa apelada ante la Cámara.
La iniciativa del Presupuesto 2027 establece que las universidades deberán presentar ante el Ministerio de Capital Humano información sobre la asignación, ejecución y evaluación de los recursos recibidos. El incumplimiento de esa obligación podría derivar en la interrupción de las transferencias. Además, fija condiciones para registrar los gastos por función y establece que los aumentos salariales se calcularán sobre las plantas docentes y no docentes vigentes en noviembre de 2026, salvo las ampliaciones autorizadas.
En materia educativa, el presupuesto previsto asciende a 9,8 billones de pesos e incluye reducciones en las becas Progresar, los comedores escolares, la Educación Sexual Integral, la infraestructura y la formación docente.
El Plan Nacional de Alfabetización aparece como una de las principales excepciones, con una asignación de 773.000 millones de pesos. El proyecto también mantiene la distribución automática de recursos educativos a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.
